El caso judicial que involucra al expresidente Alberto Fernández dio un paso clave hacia el juicio oral. La fiscalía, a cargo de Ramiro González, cerró la etapa de investigación y presentará en las próximas horas el pedido formal para que la causa sea elevada a juicio.
Se lo acusa de lesiones leves y graves, y amenazas coactivas, todo enmarcado en un contexto de violencia de género que habría ocurrido durante su relación con Fabiola Yañez, entre 2016 y 2024. La ex primera dama no solo ratificó las denuncias, sino que además rechazó cualquier tipo de probation y solicitó una pena de 12 años de prisión efectiva para quien fuera su pareja durante casi una década.
Según la Cámara Federal porteña, existieron pruebas suficientes para confirmar un patrón de violencia sistemática ejercido por Fernández. En abril, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah avalaron el procesamiento del exmandatario, destacando que la relación con Yañez estuvo marcada por una fuerte asimetría de poder y episodios de violencia psicológica y física.
El entorno, además, jugó un papel crucial: muchos de los hechos ocurrieron dentro de la Quinta de Olivos, donde Fernández ejercía autoridad total. La investigación determinó que este aislamiento favoreció el control y la manipulación dentro del vínculo, agravando la situación de vulnerabilidad de Yañez.
“Los hechos acreditados incluyen lesiones y otras formas de violencia que derivaron en un deterioro significativo en la salud de la víctima”, señalaron los magistrados.
En este contexto, el juez Julián Ercolini exhortó recientemente a Alberto Fernández a dejar de eludir el proceso y a presentarse ante el tribunal. La defensa del expresidente había interpuesto varios planteos para retrasar la causa, incluyendo el pedido de nuevas pruebas y pericias, pero todas fueron rechazadas.
Ercolini fue tajante: “El debate oral será el espacio donde podrá ejercer su defensa con mayor amplitud. La etapa preliminar está concluida”.
Cabe recordar que en febrero, el magistrado ya había dictado el procesamiento formal del exmandatario, le impuso un embargo de 10 millones de pesos y una orden de restricción que le impide acercarse a Yañez a menos de 500 metros, ni mantener contacto por ningún medio.
En el marco del cierre de la instrucción, las partes fueron invitadas a expresar su posición. Fabiola Yañez, a través de sus abogados, fue clara: no busca compensaciones económicas ni medidas alternativas. Quiere justicia, y considera que 12 años de prisión es la pena justa por el sufrimiento vivido.
“Más allá del poder real, su trayectoria como expresidente y figura pública consolidó una asimetría simbólica y estructural en la pareja”, afirmaron sus representantes legales.
El fiscal González coincidió en que los elementos probatorios reunidos son sólidos y que el caso debe resolverse en juicio oral, donde se discutirá con amplitud el rol del imputado y los efectos devastadores de su conducta.
Por su parte, Alberto Fernández presentó una extensa apelación de 59 páginas en la que negó todas las acusaciones. Su estrategia se basa en cuestionar la validez de las pruebas y en señalar que no existen elementos “directos” que lo incriminen.
“La ausencia de evidencia directa no puede ser reemplazada por construcciones subjetivas”, argumentó su defensa, que además cuestionó los chats presentados por Yañez, asegurando que no fueron extraídos de dispositivos originales.
Pese a la delicada situación judicial, la Justicia autorizó un régimen de visitas provisorio entre Fernández y su hijo Francisco, fruto de la relación con Yañez. Durante tres meses, el expresidente podrá ver al niño una vez al mes, en la ciudad de Buenos Aires. El menor reside actualmente en España con su madre.
Esta medida fue dispuesta como una excepción, bajo supervisión y sin afectar la restricción de acercamiento impuesta por la causa.
El proceso judicial contra Alberto Fernández marca un precedente inédito en la democracia argentina: nunca antes un expresidente había sido procesado por violencia de género.
