La Justicia federal puso en marcha un nuevo paso clave en la causa por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner. Aunque todavía resta que la Cámara de Casación revise el cálculo del monto que debe devolver la exmandataria, el Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2) ya comenzó a individualizar los bienes de la expresidenta, con la intención de avanzar en el decomiso que se desprende de su condena por fraude en la obra pública durante su gestión en Santa Cruz.
La cifra en juego no es menor: más de 537 millones de dólares, según la última actualización realizada por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, utilizando el índice de precios al consumidor del INDEC. El valor surge como consecuencia de la sentencia que halló a Cristina Kirchner culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco de la llamada "causa Vialidad".
En una resolución reciente, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso rechazaron el pedido de suspender las medidas sobre el patrimonio hasta tanto haya una decisión definitiva sobre el monto. Para el tribunal, el reclamo de la exvicepresidenta excede lo que podría considerarse una impugnación razonable y se basa en cuestiones que, según los magistrados, ya fueron saldadas por las distintas instancias judiciales.
Desde la defensa de Kirchner, liderada por el abogado Carlos Beraldi, el argumento principal apunta al método de cálculo del decomiso. Cuestionan que se haya utilizado la inflación como criterio para actualizar la cifra original —equivalente a unos 85.000 millones de pesos al momento de la condena—, en lugar de aplicar una tasa pasiva como la del Banco Nación, lo cual, aseguran, habría generado un resultado “100 veces menor”. Además, remarcan que ese criterio no se utilizó en otros expedientes similares, como los de Hotesur y Los Sauces.
A pesar de esos planteos, el TOF 2 se mantuvo firme en su postura. Consideró que el informe elaborado por los peritos oficiales tiene solidez técnica y responde a los estándares establecidos por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. También defendieron la coherencia en la metodología empleada, ya que se aplicó el mismo criterio utilizado para una primera actualización realizada en diciembre de 2022.
“Que un método haya sido calificado como razonable no significa que sea perfecto, sino que cumple con el objetivo de reflejar adecuadamente el valor actualizado del perjuicio económico causado”, señalaron los jueces en el fallo.
Por otro lado, el tribunal desestimó de plano el informe del perito de parte propuesto por la defensa, que sugería un monto de decomiso mucho menor, cercano a los $42.000 millones. Según la Justicia, ese trabajo técnico presentaba errores de cálculo y carecía de imparcialidad, un requisito fundamental en estas instancias.
Más allá de la discusión técnica sobre los números, lo cierto es que la causa Vialidad marca un precedente histórico en la política argentina. Es la primera vez que una expresidenta es condenada en una causa por corrupción en la obra pública, y el proceso judicial sigue avanzando con pasos concretos hacia la ejecución de la sentencia.
Desde el entorno de Cristina Kirchner, insisten en que su patrimonio —al igual que el del resto de su familia— es legítimo y no está vinculado a los delitos por los que fue condenada. En un escrito presentado ante la Justicia, la exmandataria sostuvo que no posee bienes que hayan sido utilizados para cometer el hecho, ni tampoco que sean producto o provecho del mismo, por lo tanto, entiende que no corresponde el decomiso.
A pesar de esa postura, la maquinaria judicial no se detiene. El TOF 2 ya comenzó con las tareas de identificación de bienes para enviarlos a la Corte Suprema, lo que implica avanzar hacia una eventual ejecución efectiva del decomiso. Esto significa que, más allá del recurso que actualmente evalúa la Cámara de Casación, ya se están tomando medidas concretas para garantizar el cumplimiento de la condena económica.
En caso de que Casación ratifique el monto actual, la exvicepresidenta tiene previsto apelar ante la Corte Suprema. Si tampoco obtiene respaldo en esa instancia, podría recurrir a tribunales internacionales de derechos humanos, como ya ha hecho en otras causas.
Mientras tanto, los jueces del TOF 2 remarcaron que el fallo condenatorio ya fue revisado por distintas instancias y que el monto determinado para el decomiso se encuentra firme. En palabras del tribunal, ninguna de las objeciones planteadas por la defensa alcanza el nivel de arbitrariedad necesario para dejar sin efecto lo decidido.
