La Justicia federal avanzó en las últimas semanas sobre una compleja maniobra financiera que involucra a una empresa de servicios financieros y a al menos 17 clubes del fútbol argentino. La investigación judicial sostiene que las instituciones habrían accedido a préstamos con tasas consideradas usurarias y que, ante las dificultades para cumplir con los pagos, terminaron cediendo derechos de televisación como forma de cancelación de las deudas.
El expediente, que se tramita en el fuero federal de Lomas de Zamora, describe un esquema sostenido en el tiempo, con clubes que atravesaban situaciones económicas delicadas y recurrían a financiamiento privado para afrontar compromisos inmediatos. Según surge de la causa, las condiciones de esos préstamos incluían intereses elevados y mecanismos de cobro que excedían las prácticas habituales del mercado financiero.
Uno de los aspectos más sensibles de la investigación es que este tipo de operatorias no se habría realizado de manera aislada. Por el contrario, los investigadores detectaron indicios de que el esquema contaba con conocimiento y aval de la conducción del fútbol argentino, que incluso habría recomendado a algunos clubes recurrir a esta financiera como vía para obtener liquidez.
El principal apuntado en la causa es Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, señalado como el responsable de articular los préstamos bajo investigación. Vallejo mantiene desde hace años vínculos con el ambiente del fútbol profesional y figura en el expediente como una pieza central del circuito financiero que hoy está bajo la lupa judicial.
Entre los casos analizados, uno de los más relevantes es el de San Lorenzo. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el club habría recibido un préstamo por una suma cercana a los dos mil millones de pesos, con tasas de interés que la Justicia considera excesivas. Al no poder cumplir con los plazos de devolución pactados, la institución terminó cediendo derechos de televisación como forma de pago, un mecanismo que ahora es objeto de análisis penal.
La investigación también revela que los fondos correspondientes a los derechos televisivos de algunos clubes no fueron depositados en cuentas tradicionales, sino en plataformas vinculadas al ecosistema de criptomonedas. En particular, se detectaron transferencias a Neblockchain, una firma asociada al entramado financiero investigado. Para que ese circuito se concretara, los clubes debían solicitar expresamente esa modalidad de cobro, lo que refuerza la hipótesis de acuerdos previos.
Otro capítulo relevante de la causa está vinculado a una operación de transferencia internacional de un futbolista que, según la investigación, no habría sido declarada correctamente en el país. En ese caso, se analiza la venta de Giuliano Galoppo desde Banfield al São Paulo de Brasil, que se habría concretado mediante el uso de criptomonedas, una modalidad que puede dificultar la trazabilidad del dinero y el control fiscal.
Para los investigadores, este punto abre una línea paralela de análisis vinculada a posibles maniobras de evasión y al uso de herramientas financieras no convencionales dentro del mercado de pases. La utilización de criptoactivos en operaciones deportivas, si bien no es ilegal en sí misma, plantea desafíos adicionales en términos de transparencia y control.
Además de San Lorenzo y Banfield, la causa involucra a una extensa lista de instituciones de distintas categorías del fútbol argentino. Entre ellas aparecen clubes históricos del ascenso y de la primera división, lo que da cuenta de la amplitud del esquema investigado y de la fragilidad financiera que atraviesan muchas entidades deportivas.
La nómina incluye a Independiente, Racing, Platense y Barracas Central, entre otros equipos de peso, pero también a instituciones del ascenso como Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Temperley y Victoriano Arenas. La presencia de clubes de diferentes tamaños refuerza la idea de un sistema que se aprovechaba de necesidades urgentes de financiamiento.
Desde el punto de vista judicial, el foco está puesto en determinar si existió usura, administración fraudulenta y posibles delitos económicos vinculados al manejo de fondos provenientes de los derechos de televisión. También se investiga si hubo responsabilidades institucionales por permitir o facilitar estas prácticas.
La causa avanza en un contexto de creciente debate sobre el manejo económico del fútbol argentino, la dependencia de ingresos extraordinarios y la falta de controles efectivos sobre las finanzas de los clubes. La cesión anticipada de derechos televisivos, que debería ser una herramienta excepcional, aparece en este expediente como una moneda de cambio habitual frente a la falta de recursos.
Mientras la investigación continúa, el impacto del caso ya se siente en el ambiente dirigencial y reabre discusiones de fondo sobre la sustentabilidad del modelo económico del fútbol local, el rol de los organismos de control y la necesidad de mayor transparencia en un negocio que mueve cifras millonarias y atraviesa a buena parte de la vida social y deportiva del país.
