El gobierno de Venezuela liberó este miércoles a Marino Antonio Mendoza Fuentes, chofer de la embajada argentina en Caracas, quien permanecía detenido desde el 12 de diciembre de 2024 sin que se conocieran pruebas en su contra ni avances públicos en la causa judicial. La excarcelación se produjo tras más de un año de encierro y en medio de cuestionamientos sostenidos por la situación de los presos políticos en el país.
Mendoza Fuentes había sido arrestado en su domicilio del barrio La Pastora, en la capital venezolana, y desde entonces permaneció recluido en el centro de detención de El Helicoide, un lugar señalado de manera reiterada por organismos internacionales de derechos humanos. Durante su detención, las autoridades le imputaron cargos graves, entre ellos terrorismo, aunque nunca se difundieron detalles concretos sobre las acusaciones ni se informó sobre pruebas que respaldaran el procedimiento.
La liberación fue confirmada por referentes del ámbito de los derechos humanos, pero hasta el momento no hubo un comunicado oficial que precise las condiciones en las que se produjo la excarcelación ni si el trabajador quedó sujeto a restricciones. Tampoco se difundieron imágenes ni información sobre su estado de salud tras recuperar la libertad, luego de más de doce meses de encierro.
El caso de Mendoza Fuentes había generado preocupación tanto en el plano diplomático como en el humanitario. El empleado local de la representación argentina llevaba años desempeñándose como chofer oficial de la embajada y había trabajado con distintos jefes de misión a lo largo de varios gobiernos. Su detención se produjo en un contexto de creciente tensión en el vínculo entre Buenos Aires y Caracas, marcado por cruces políticos y un progresivo deterioro de las relaciones bilaterales.
Durante su tiempo detenido, Mendoza Fuentes cumplió 40 años privado de su libertad, sin acceso a información pública sobre el expediente judicial ni contacto regular con su familia. Sus allegados reclamaron en reiteradas oportunidades por su liberación y denunciaron la falta de respuestas oficiales. Su madre, Maricela Fuentes, sostuvo públicamente que su hijo era un trabajador y no un delincuente, y pidió que se revisara su situación procesal. La pareja del detenido también impulsó gestiones ante organismos de derechos humanos para visibilizar el caso.
La detención del chofer ocurrió pocos días después del arresto del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien había ingresado a Venezuela desde Colombia para visitar a su pareja y a su hijo pequeño. A diferencia de Mendoza Fuentes, Gallo continúa detenido y permanece alojado en la cárcel de El Rodeo, sin que hasta el momento se haya anunciado una posible excarcelación.
El gobierno argentino había cuestionado en su momento la detención de un trabajador vinculado a su sede diplomática y reclamó explicaciones formales. Desde la Cancillería se rechazó el procedimiento y se pidió respeto por las garantías básicas del debido proceso, en un contexto regional atravesado por denuncias de detenciones arbitrarias y persecución política.
Pese a la liberación de Mendoza Fuentes, otros ciudadanos argentinos siguen detenidos en Venezuela. Entre ellos se encuentran el empresario Roberto Baldo, cuya esposa —de nacionalidad venezolana-española— también permanece arrestada; el abogado Germán Giuliani; y Gustavo Gabriel Rivara, sobre quien activistas alertaron acerca de un fuerte deterioro de su estado físico y mental durante el encierro.
Desde el oficialismo venezolano se informó semanas atrás que más de 400 personas habrían sido liberadas desde diciembre, aunque organizaciones independientes manejan cifras distintas y advierten sobre la falta de transparencia del proceso. Entidades de derechos humanos reclamaron que se publique información detallada sobre las personas excarceladas, los centros de detención, las causas penales y las condiciones impuestas tras la liberación.
La situación de los presos políticos continúa siendo uno de los principales focos de tensión en Venezuela, con pedidos reiterados de mayor claridad institucional y garantías judiciales. En ese escenario, la excarcelación de Mendoza Fuentes representa un alivio para su entorno, aunque no modifica el cuadro general de incertidumbre que rodea a quienes aún permanecen detenidos sin condena firme ni información oficial clara sobre su situación.
