La Universidad de Buenos Aires enfrenta una situación crítica que golpea de lleno a su sistema de salud. Autoridades de la institución aseguran que, en lo que va de 2026, no recibieron fondos del Gobierno nacional para sostener el funcionamiento de sus hospitales, lo que agrava un recorte presupuestario ya previsto y pone en riesgo prestaciones esenciales.
El problema no es menor. Se trata de centros médicos de referencia a nivel país que atienden miles de pacientes y, al mismo tiempo, cumplen un rol central en la formación de profesionales. La falta de recursos afecta tanto la capacidad operativa como la calidad del servicio, en un contexto donde la demanda sigue en aumento.
Según detallaron desde la casa de estudios, el presupuesto aprobado para este año ya contemplaba una reducción cercana al 30% en términos reales. Sin embargo, la situación se volvió más compleja por la ausencia total de transferencias durante el primer tramo del año. Esto, remarcan, implica un incumplimiento de lo establecido por la Ley de Presupuesto vigente.
El impacto es directo en hospitales emblemáticos y de alta complejidad. Estas instituciones no solo brindan atención médica especializada, sino que también son clave en investigación y formación académica. La falta de financiamiento limita su funcionamiento cotidiano y obliga a tomar decisiones que repercuten en los pacientes.
En la práctica, el ajuste ya se siente. Se postergan cirugías que no son urgentes, se reducen los turnos disponibles y crece la lista de espera para consultas. A esto se suma la dificultad para sostener la compra de insumos médicos, lo que lleva a acumular deudas con proveedores y tensiona aún más el sistema.
Para sostener la actividad, los hospitales dependen cada vez más de ingresos propios, como pagos de obras sociales, servicios a prepagas y aportes particulares. Sin embargo, desde la universidad advierten que este esquema es insuficiente y no puede reemplazar el financiamiento estatal necesario para garantizar el funcionamiento pleno.
El panorama también golpea a los profesionales de la salud. En los últimos dos años, el deterioro del poder adquisitivo fue significativo, con una caída cercana al 50% en términos reales. Esto genera preocupación no solo por la situación actual, sino también por la posibilidad de pérdida de recursos humanos altamente capacitados.
Frente a este escenario, crece la tensión institucional. La universidad analiza avanzar por la vía judicial para exigir el cumplimiento de las partidas presupuestarias aprobadas. El objetivo es asegurar la continuidad de los servicios y evitar un deterioro mayor en la atención sanitaria.
El conflicto expone un problema de fondo: el financiamiento del sistema universitario y su impacto en áreas sensibles como la salud pública. En este caso, no solo está en juego el funcionamiento de hospitales, sino también la formación de futuros profesionales en un país donde gran parte de los médicos se forman en el ámbito público.
Mientras tanto, la incertidumbre domina el escenario. Sin definiciones concretas ni señales de solución a corto plazo, el sistema de salud universitario sigue operando con recursos limitados, en una situación que, según advierten, se vuelve más difícil de sostener con el paso de los días.
