La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Gobierno nacional para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. Aunque la norma fue promulgada, su aplicación fue suspendida hasta que el Congreso determine cómo se financiará. Desde la UBA denuncian que esta maniobra vulnera principios constitucionales y agrava la crisis del sistema universitario.
La decisión fue aprobada por unanimidad en el Consejo Superior. El objetivo es que la Justicia ordene al Ejecutivo a asignar los fondos previstos por ley, en el marco de una emergencia presupuestaria que afecta a todo el sistema de educación superior del país.
Según la universidad, el decreto que suspende la aplicación de la norma altera el equilibrio republicano y desconoce la voluntad del Congreso. Además, remarcan que esta postergación pone en riesgo el acceso a salarios justos, becas estudiantiles, infraestructura y el sostenimiento de carreras estratégicas y programas científicos clave.
El conflicto se da en un contexto donde las universidades operan con presupuestos prorrogados del año 2023, completamente desactualizados frente a la inflación. En el caso de la UBA, señalan que durante 2024 los salarios docentes y no docentes perdieron más del 40% de su valor real. En 2025, la brecha se profundizó aún más, ya que las recomposiciones fueron muy inferiores a la inflación oficial.
La Ley de Financiamiento Universitario no solo contempla mejoras salariales, sino también partidas para garantizar el funcionamiento de las universidades en todo el país. En Salta, como en otras provincias del norte, el impacto es especialmente fuerte: becas paralizadas, programas académicos recortados y un futuro incierto para miles de estudiantes.
Desde la UBA advierten que el no cumplimiento de esta ley es un ataque directo a la educación pública y a uno de los pilares más importantes de la sociedad argentina. En paralelo, docentes y estudiantes de todo el país —incluidos los de la Universidad Nacional de Salta— organizan acciones para visibilizar la situación y exigir respuestas.
Ahora, será la Justicia quien deba intervenir y decidir si el Gobierno puede seguir postergando una ley ya vigente. Mientras tanto, el sistema universitario sigue al borde del colapso, a la espera de definiciones que marcarán su destino.
