El empresario Lázaro Báez, figura central en la llamada Ruta del dinero K, volvió a ser noticia. Su defensa presentó este lunes un pedido urgente ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) para que se realice una audiencia que reconsidere cómo debe cumplir su condena y por cuántos años más.
Este nuevo capítulo se abre tras un fallo reciente de la Cámara Federal de Casación Penal, que cuestionó la manera en que se unificaron las condenas de Báez en las causas “Ruta del dinero K” y “Vialidad”. Según los jueces, nunca se computó adecuadamente el tiempo que el empresario ya pasó privado de su libertad, lo que deja en duda cuánto de la pena ya está cumplido.
El eje del reclamo es técnico pero fundamental: desde abril de 2016, Báez ha estado bajo alguna forma de restricción de libertad, ya sea en prisión preventiva o bajo arresto domiciliario. Sin embargo, al momento de unificar sus condenas, ese tiempo no se contabilizó de forma clara.
La defensa sostiene que esto genera un castigo doble. Incluso citan al fiscal ante Casación, Javier De Luca, quien advirtió que no se pueden ignorar los años de prisión preventiva en causas conexas. Según su visión, separar artificialmente las causas solo complica la situación del condenado y contradice el principio de justicia.
Una de las apuestas de la defensa es lograr que Báez vuelva al régimen de prisión domiciliaria, beneficio que tenía antes de que la Corte Suprema ratificara su condena en la causa Vialidad. Argumentan que durante el tiempo que estuvo en su casa en El Calafate no registró incumplimientos y que no hay motivos válidos para haber agravado sus condiciones de detención.
“El agravamiento de la modalidad de cumplimiento de pena solo puede justificarse frente a un incumplimiento del condenado”, sostiene el documento presentado. Para sus abogados, volver a la cárcel sin fallas previas viola derechos y principios básicos del sistema penal.
El pedido ante el TOF 4 no se limita al aspecto legal. La defensa también reclamó que se analicen las condiciones actuales de detención de Báez, especialmente su estado de salud.
Desde su traslado a la Unidad Penal 15 de Río Gallegos, Báez permanece alojado en un “buzón” —una celda de castigo o aislamiento— con espacios de incomunicación de hasta 6 horas. Solo se le permite salir entre 2 y 3 veces por día, durante apenas 30 minutos.
Sus abogados denunciaron que el empresario sufrió varios episodios de salud. El más reciente fue el 26 de junio pasado, cuando se recomendó una interconsulta con un cardiólogo, pero hasta ahora no fue atendido. Esto refuerza su pedido de arresto domiciliario, bajo el argumento de resguardar su integridad física.
¿Qué sigue ahora?
El TOF 4 deberá decidir si acepta la solicitud de audiencia y si reevalúa el cómputo de la pena. De hacerlo, se abriría la posibilidad de que Báez obtenga una reducción en el tiempo de condena o, incluso, que vuelva a su domicilio a cumplir el resto de la misma.
El debate promete reavivar la discusión pública sobre los privilegios de los condenados por corrupción y el modo en que se cumplen las penas en Argentina.
Mientras tanto, Báez sigue detenido en Río Gallegos, a la espera de una resolución que podría cambiar nuevamente su situación.
Lázaro Báez fue condenado por lavado de dinero en el marco de la Ruta del dinero K, una de las causas más emblemáticas de corrupción que salpicaron al kirchnerismo. Más adelante, también fue encontrado culpable en la causa Vialidad, en la que se investigaron irregularidades en la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Su cercanía con el poder político, sus empresas multimillonarias en Santa Cruz y su rol en operaciones financieras opacas lo convirtieron en una figura clave en el entramado judicial que aún sacude a la política argentina.
Más allá del caso Báez, la discusión de fondo toca una fibra sensible: ¿cuán justo es el sistema penal argentino con los condenados por delitos de corrupción? ¿Se respetan sus derechos fundamentales o se los somete a condiciones inhumanas?
La defensa de Báez no solo habla de años mal contados. También apela a la Constitución y a los tratados internacionales para exigir que se proteja su integridad física y que se respeten los plazos legales de la pena.
Y esto no es menor: si la Justicia acepta que hubo un error de cómputo, podría sentar un precedente para otros condenados en situaciones similares.
