La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que Lázaro Báez debe continuar cumpliendo su condena en una cárcel común, al rechazar el pedido de arresto domiciliario presentado por su defensa. El empresario, condenado por lavado de dinero y defraudación al Estado, permanecerá alojado en la Unidad N° 15 del Servicio Penitenciario Federal en Río Gallegos, Santa Cruz.
La decisión fue tomada por la Sala IV del tribunal, con mayoría de los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos, quienes ratificaron la resolución previa del Tribunal Oral Federal N° 4 (TOF 4). Báez había argumentado problemas de salud crónicos para evitar el encierro en un penal, pero sus planteos no fueron aceptados.
Con esta resolución, queda sin efecto el beneficio de prisión domiciliaria que venía cumpliendo como medida cautelar desde hacía cinco años, y que había sido otorgado en otra causa judicial. En este nuevo contexto, la Justicia consideró que no se daban las condiciones para mantener ese régimen.
El traslado a la cárcel se dio luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena por la causa conocida como "la ruta del dinero K", donde fue sentenciado a diez años de prisión. A eso se suma una pena de seis años en la causa “Vialidad”, por lo que la defensa también solicitó la unificación de ambas en una condena única de quince años, trámite aún pendiente.
La defensa había alegado que Báez, próximo a cumplir 70 años, padece afecciones como hipertensión, diabetes, arritmias, asma e insuficiencia respiratoria. Sin embargo, el juez Carbajo argumentó que este tipo de solicitudes deben presentarse nuevamente ante el TOF 4, y solo en caso de rechazo, apelar. Hornos, por su parte, remarcó que no estaban dadas las condiciones legales para el beneficio.
El único voto en disidencia fue el de Mariano Borinsky, quien sostuvo que el tribunal de ejecución omitió evaluar en profundidad el estado de salud del empresario. Consideró arbitraria la decisión de trasladarlo sin una revocación formal del arresto domiciliario.
Pese a ese planteo, la mayoría se impuso y Báez ya fue derivado a una unidad penitenciaria donde comenzará a cumplir su condena de manera efectiva. Este fallo sienta un precedente relevante en causas similares, al marcar una línea clara: los delitos graves, como el lavado de dinero o la defraudación al Estado, deben cumplir condena sin beneficios que no estén plenamente justificados.
Aunque el caso tiene epicentro en Santa Cruz y Buenos Aires, su impacto se siente en todo el país, en un contexto donde la ciudadanía exige mayor transparencia y justicia frente a los delitos de cuello blanco.
Báez, una figura clave en el esquema de obra pública durante los gobiernos kirchneristas, deberá afrontar ahora la condena sin los privilegios que había obtenido en etapas anteriores del proceso. Y la Justicia, por lo pronto, dejó en claro que el cumplimiento efectivo de las penas es una prioridad.
