El ministro Sergio Massa prepara el lanzamiento de un impuestazo sobre los inmuebles rurales, con el fin de financiar el “plan platita” que viene instrumentando desde el final de las PASO, y seguir financiando el despilfarro de su campaña política hasta el 22 de octubre, y quizás, hasta el ballotage de noviembre.
El objetivo es financiar por lo menos la mitad de los programas sociales de transferencias directas, entre ellos las AUH y el Potenciar Trabajo. En total, se buscaría concretar un margen de recaudación de por lo menos el 0,4% del PBI, alrededor de 1,7 billones de pesos.
La reforma de Massa busca revertir totalmente la desgravación de Bienes Personales para inmuebles rurales, que fue decretada en el año 2018 por el expresidente Mauricio Macri, y que le había dado un respiro al campo argentino, el sector más explotado a impuestos de la historia del país.
Y si bien no se modificó la base imponible de Bienes Personales, se estudia la creación de un nuevo impuesto con una tasa del 2,25% para gravar al campo. Esta alícuota es la misma que aplica Bienes Personales para los bienes declarados en el exterior en la categoría de ingresos más elevada.
La medida también pretende evitar un dramático default con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y al mismo tiempo continuar con el financiamiento de las medidas de despilfarro, recogiendo recursos alternativos de manera desesperada.
Massa insiste en avanzar con la eliminación de una serie de desgravaciones y exenciones tributarias que fueron mantenidas en los últimos años. Con todos estos cambios, el peso de los impuestos patrimoniales en Argentina se mantienen en un nivel anormalmente alto con respecto a los estándares internacionales.
El sistema tributario argentino se vuelve cada vez más disfuncional, apartado de impuestos usualmente “tradicionales” y apostando por gravámenes extraordinariamente distorsivos como el impuesto al cheque, las retenciones, el impuesto al patrimonio, el impuestos de Ingresos Brutos, las ganancias de capital (renta financiera) en un país con tasas de interés negativas en términos reales, etc.
El impuesto penaliza los incentivos del campo para ahorrar e invertir. El sector agropecuario, el más productivo de la economía, debe lidiar con una brecha cambiaria de entre el 90% y el 100%, incesantes cambios en las normas de exportación, retenciones de hasta el 33% para la soja, y un sin fin de restricciones cuantitativas para la importación de insumos estratégicos (por ejemplo fertilizantes).
De cada 100 pesos por hectárea sembrada que genera el sector agropecuario, casi 80 se los lleva el Estado entre los distintos impuestos aplicados. La presión fiscal del campo argentino supera a la de cualquier otro competidor en el mundo (como Australia y Nueva Zelanda), y aún así logra mantener una dosis importante de competitividad.
