En un contexto de alta tensión política con el Congreso y críticas a las nuevas leyes que aumentan el gasto, el presidente Javier Milei utilizó una cadena nacional para lanzar dos iniciativas clave. Su mensaje fue claro: frenar el descontrol del gasto público, cerrar definitivamente la puerta a la emisión monetaria y avanzar hacia un nuevo marco legal que castigue el déficit fiscal.
Las medidas llegan como respuesta directa a la reciente aprobación de normativas que, según el Ejecutivo, comprometen el equilibrio de las cuentas públicas.
La primera decisión anunciada por Milei apunta directo al corazón del modelo económico que, según él, alimentó la inflación durante décadas: la emisión monetaria.
A partir del próximo lunes, el Ministerio de Economía tendrá la orden formal de prohibir que el Tesoro Nacional utilice fondos del Banco Central para cubrir el gasto primario. Esta práctica, que en otras gestiones fue habitual, quedará ahora inhabilitada por resolución administrativa.
Aunque el Gobierno ya venía evitando esta forma de financiamiento, el Presidente quiere que quede institucionalizada: “El Tesoro nacional no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central”, afirmó.
Esta medida, según el mandatario, es crucial para sostener la caída de la inflación y proteger el poder adquisitivo: “La emisión sin respaldo destruye el valor del dinero que está en el bolsillo de cada uno de los argentinos”, señaló.
Pero Milei no se quedó solo en decisiones administrativas. También anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para que aprobar presupuestos con déficit fiscal tenga consecuencias legales.
La iniciativa busca establecer una regla fiscal estricta: ningún presupuesto podrá aprobarse si no garantiza equilibrio o superávit. Además, si se quiere aumentar el gasto o reducir los ingresos, deberá indicarse de forma explícita cómo se compensará el desbalance.
Lo más llamativo del proyecto es que incluirá sanciones penales para los legisladores y funcionarios que no respeten esta regla. “Cada peso que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido. Tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan”, disparó el Presidente.
Con esta propuesta, Milei busca cambiar de raíz la lógica presupuestaria del país y blindar legalmente el rumbo de su política fiscal.
El trasfondo de estas medidas está directamente relacionado con las últimas movidas del Congreso, que aprobó iniciativas que, según Milei, incrementan el gasto público sin respaldo claro.
Entre ellas mencionó la moratoria previsional, los aumentos a docentes y las mejoras en pensiones por discapacidad. Según cálculos del Gobierno, estas decisiones podrían significar un gasto adicional de casi 2,5% del PBI.
Milei criticó duramente a la oposición por estas leyes y acusó a la “casta política” de intentar recuperar poder a costa de poner en riesgo el equilibrio fiscal. “La historia muestra que cada vez que se aumentó el gasto sin financiamiento genuino, terminamos con más inflación, más pobreza y más crisis”, argumentó.
Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei dejó en claro que su prioridad es el orden económico. En su discurso, reafirmó que no habrá lugar para gradualismos ni atajos: “Vinimos a arreglar la economía de raíz. La única forma es con orden fiscal, orden monetario y orden cambiario”.
En ese marco, las nuevas medidas representan una jugada estratégica para consolidar su modelo y limitar los márgenes de acción del Congreso. Buscan también dar una señal al mercado y a la ciudadanía: no habrá vuelta atrás en la política de ajuste.
El Presidente plantea que la sociedad debe elegir: seguir con este camino de disciplina fiscal o volver al modelo de déficit y emisión que, según él, llevó a la Argentina a su actual situación.
Estas decisiones marcan un punto de inflexión en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Al proponer sanciones penales por decisiones presupuestarias, Milei sube la apuesta y desafía la lógica histórica de la política económica argentina.
La iniciativa seguramente abrirá un nuevo capítulo de debate en el Congreso, donde la oposición ya mostró su capacidad para frenar o modificar iniciativas del oficialismo. Pero también instala en la agenda pública un tema clave: ¿hasta cuándo se puede seguir gastando sin financiamiento genuino?
¿Logrará Milei imponer su visión de disciplina fiscal a largo plazo? ¿O se enfrentará a una resistencia política y social que ponga límites a su modelo?
