En un movimiento que sacudió el escenario político nacional, el presidente Javier Milei firmó el veto a dos leyes recientemente aprobadas por el Senado. Una establecía una mejora en las jubilaciones y la otra buscaba declarar la emergencia en materia de discapacidad. Ambas habían sido bien recibidas por sectores sociales, pero rápidamente rechazadas por el Ejecutivo, que ahora busca evitar su implementación a través de negociaciones parlamentarias y recursos judiciales.
Según confirmaron fuentes oficiales, el veto será publicado el lunes en el Boletín Oficial. El Gobierno argumenta que las leyes sancionadas por el Congreso son "inviables" desde lo fiscal, e incluso califica la sesión donde se aprobaron como "inválida", anticipando posibles acciones judiciales si el Congreso intenta revertir la decisión presidencial.
Lejos de limitarse a una jugada administrativa, la decisión de Milei viene acompañada de una ofensiva política. Desde la Casa Rosada, se activaron intensas negociaciones con gobernadores y bloques legislativos aliados para sostener el veto en la Cámara de Diputados, donde aún puede ser revertido si se consigue mayoría.
En este marco, el oficialismo logró sumar cinco diputados radicales al bloque de La Libertad Avanza: Luis Picat, Pablo Cervi, Federico Tournier, Francisco Monti y Mariano Campero. Esta incorporación no es menor: forma parte de una estrategia más amplia que busca consolidar una mayoría circunstancial que impida el avance de proyectos que el Gobierno considera "incompatibles con el ajuste fiscal".
Además, se apuntan alianzas con sectores del PRO y bloques federales, en un delicado equilibrio de poder que podría definir el rumbo de la gestión de aquí a las elecciones nacionales de octubre.
El Gobierno nacional abrió una serie de negociaciones individualizadas con al menos siete gobernadores para asegurar respaldo político. Entre los mandatarios que mantuvieron reuniones con funcionarios nacionales figuran Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza).
Las conversaciones giran en torno al reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), acuerdos electorales y compromisos de inversión o cancelación de deudas provinciales. En algunos casos, como los de Entre Ríos, Mendoza y Chaco, se negoció la conformación de frentes electorales conjuntos para enfrentar al peronismo en sus distritos.
Desde Balcarce 50 confirman que seguirán con una política de "acercamiento uno a uno" con los gobernadores, sin ceder en temas clave como la recaudación del impuesto a los combustibles. La única excepción sería una eventual modificación en el porcentaje destinado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), aunque por ahora no hay avances concretos en ese punto.
Más allá de lo económico, el Gobierno de Milei dejó en claro que considera inválida la sesión del Senado que aprobó las leyes en cuestión. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto a su equipo de abogados y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, elaboraron la estrategia jurídica para judicializar el asunto si el Congreso insiste en rechazar el veto.
Desde el oficialismo insisten: vetar la ley no implica validarla. Incluso, aseguran que están dispuestos a ir "hasta la última instancia" para no promulgarla, reafirmando su compromiso con el ajuste fiscal. "Los fondos no se van a gastar", afirman con contundencia desde la Casa Rosada, dejando claro que no habrá retrocesos, al menos por ahora.
Las repercusiones no tardaron en llegar. Organizaciones de jubilados, entidades que trabajan con personas con discapacidad y referentes de la oposición criticaron duramente la medida, calificándola de "insensible" y "contraria a los derechos básicos". En redes sociales, el hashtag #NoAlVeto se volvió tendencia en pocas horas, con miles de usuarios manifestando su indignación.
Aún así, el Gobierno mantiene su postura. Considera que tanto el aumento jubilatorio como la declaración de emergencia en discapacidad son proyectos "populistas" que no contemplan su impacto en el presupuesto. Para Milei, el equilibrio fiscal es una bandera irrenunciable y no está dispuesto a ceder ni siquiera frente a demandas sociales urgentes.
Con los vetos ya firmados y las negociaciones en marcha, todas las miradas apuntan al Congreso. La Cámara de Diputados será el próximo campo de batalla donde el oficialismo intentará sostener su decisión. El resultado no está asegurado, y cualquier movimiento en falso podría tener consecuencias políticas a largo plazo.
A menos de tres meses de las elecciones nacionales, el Gobierno apuesta a mantener una narrativa de "orden económico" mientras refuerza alianzas clave para enfrentar un escenario electoral que se presenta desafiante. El veto a estas leyes, más allá de su impacto inmediato, se transforma en un símbolo de la pulseada entre el ajuste y la contención social, entre la austeridad y los derechos adquiridos.
