Tras el procesamiento de Alberto Fernández en la causa “Seguros”, legisladores porteños encabezados por Graciela Ocaña, junto a María Sol Méndez y Sebastián Nagata, presentaron un pedido formal a ANSES para suspender su jubilación de privilegio, cercana a los $9 millones mensuales, equivalente a más de 24 haberes mínimos, hasta que se resuelva su situación judicial.
El documento menciona que el procesamiento por supuestas “negociaciones incompatibles con la función pública” y la acumulación de causas contra el ex presidente justifican la suspensión del beneficio “a fin de no perjudicar el erario público”. El reclamo apunta a que ese dinero, que ascendía en febrero de 2025 a $8.877.518,67, deje de pagarse “hasta esclarecer su culpabilidad o inocencia”.
Los legisladores sostienen que la Ley 24.018 concede la jubilación de privilegio como mérito de haber ocupado la presidencia, pero advierten que este criterio se rompe si el beneficio se usó para intereses personales o se incurre en delitos.
Ocaña recordó que ya en mayo de 2024 había presentado solicitudes similares ante ANSES, sin respuesta satisfactoria. También señaló inconsistencias históricas como la rápida aprobación del trámite, iniciado en diciembre y aprobado en abril de 2024 y la ausencia de intervención del Congreso, cuando había proyectos para eliminar estas jubilaciones especiales.
El argumento central: “¿Qué mensaje da el Gobierno si un jubilado debe elegir entre comer o medicarse, mientras un ex presidente procesado cobra casi 9 millones?”, dijeron los firmantes. El jefe de ANSES, Fernando Bearzi, ahora debe decidir si frena el cobro hasta que finalice el juicio por la causa “Seguros” y su procesamiento con vínculo de embargo por más de $14.600 millones.