El Gobierno nacional presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue a los responsables de los disturbios registrados el miércoles 6 de agosto en las inmediaciones del Congreso, durante la sesión del Senado en la que se debatían proyectos de alto impacto político. La presentación fue realizada por el Ministerio de Seguridad Nacional e incluye el pedido de identificación y detención de quienes hayan organizado, participado o instigado los hechos.
La causa quedó en manos de la Justicia Federal, que deberá avanzar en la recolección de pruebas para determinar las responsabilidades por los incidentes ocurridos durante la protesta. Según la denuncia, los hechos revistieron una gravedad significativa por el contexto en el que se produjeron y por las consecuencias que tuvieron sobre el funcionamiento de las instituciones.
En la presentación judicial se sostiene que un grupo de manifestantes protagonizó episodios de violencia en las inmediaciones del Congreso mientras el Senado desarrollaba el tratamiento de distintos proyectos. De acuerdo con el escrito, durante los enfrentamientos fueron arrojadas piedras, escombros y otros objetos contundentes contra efectivos de las fuerzas federales que custodiaban la zona.
Como consecuencia de los incidentes, varios integrantes de las fuerzas de seguridad sufrieron lesiones y también se registraron daños materiales en el espacio público. Entre los destrozos denunciados figuran la rotura de baldosas, bancos y otros bienes de infraestructura, además de daños sobre vehículos oficiales.
El Ministerio de Seguridad consideró que los hechos podrían encuadrarse en distintos delitos previstos por el Código Penal, entre ellos daño agravado, atentado al orden constitucional y democrático, resistencia a la autoridad y atentado agravado contra la autoridad. La denuncia también hace referencia al agravante contemplado para aquellos casos en los que se busca impedir o condicionar el ejercicio de las funciones de las autoridades públicas.
Como parte de las medidas solicitadas, el Gobierno pidió que se incorporen registros fílmicos, imágenes y cualquier otro elemento de prueba que permita identificar a las personas involucradas en los disturbios. El objetivo es reconstruir lo ocurrido y determinar el grado de participación de cada uno de los presuntos responsables.
Además, requirió informes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Congreso para conocer el alcance de los daños ocasionados sobre edificios, mobiliario urbano e infraestructura pública, así como una estimación del perjuicio económico derivado de los incidentes.
Otro de los puntos centrales de la presentación judicial apunta a establecer si existieron organizaciones sociales, sindicales o políticas que hayan tenido algún grado de participación en la planificación o desarrollo de los hechos. En ese sentido, la denuncia solicita que la investigación avance sobre todas las personas que pudieron haber colaborado, promovido o instigado los disturbios.
Para el Gobierno, los incidentes no se limitaron a hechos de violencia callejera, sino que pudieron haber tenido como finalidad obstaculizar el normal desarrollo de la actividad legislativa y afectar el funcionamiento del Congreso durante una sesión clave.
Mientras la investigación judicial avanza, el Ministerio de Seguridad manifestó que continuará aportando información y nuevas pruebas que contribuyan al esclarecimiento de lo sucedido. El expediente buscará determinar las responsabilidades penales de los involucrados y establecer si existió una organización previa detrás de los hechos registrados en las inmediaciones del Congreso.
