Federico “Fred” Machado, empresario aeronáutico, financista de campañas políticas y hoy acusado de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, fue finalmente extraditado a Estados Unidos. Lo que podría haber sido solo un trámite judicial más, se convirtió en un episodio cargado de tensión política: antes de entregarse, Machado aseguró que su caída arrastraría a dirigentes de todos los niveles. “Si hablo, se cae el país”, repitió frente a testigos.
La frase no fue una amenaza vacía. Machado sostiene que fue clave en la financiación de espacios como los de José Luis Espert y Patricia Bullrich, y que sus vínculos con empresarios, funcionarios e incluso candidatos libertarios alcanzan varias provincias, entre ellas Salta.
Desde su casa en la zona rural de Viedma, donde cumplía arresto domiciliario desde hace más de cuatro años, Machado fue hilando su versión de los hechos. Asegura que su desembarco en Argentina se consolidó a partir de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, con respaldo dentro del sistema aeronáutico y acceso a estructuras estatales clave. Entre los nombres que mencionó figura el del salteño Juan Manuel Urtubey, con quien compartió una reunión durante una gira organizada por Javier Naselli, ejecutivo de UBS.
En Salta, su presencia no fue tan visible, pero sí efectiva: reuniones políticas, contactos con sectores del transporte y nexos empresariales lo conectaron con figuras del norte argentino, en especial con quienes operan en minería y logística, rubros en los que Machado habría canalizado parte de su capital.
La Justicia investiga ahora si ese dinero sirvió también para financiar campañas políticas. Según las transferencias detectadas, Machado habría enviado más de 3 millones de dólares a la firma Transportes El Nacional, vinculada al empresario Vidal Bada Vázquez. Parte de ese dinero —al menos US$ 215.000— habría terminado en la campaña presidencial de Patricia Bullrich en 2023.
El dato cobró relevancia cuando en enero de este año una avioneta con 350 kilos de cocaína fue interceptada en Entre Ríos. El avión, antes de llegar a manos del narco peruano detenido en Ezeiza, había pertenecido a Transportes El Nacional. La conexión con Machado cerraba una parte del rompecabezas.
En el final de su estadía en Argentina, con la Corte ya avalando su extradición, Machado rompió en cámara un contrato firmado con Espert y deslizó que miembros del actual gobierno también estaban al tanto de su situación. Según él, hubo una conversación indirecta con Santiago Caputo en la que dejó un mensaje claro: si su extradición se concretaba, estaba dispuesto a hablar. La respuesta que asegura haber recibido fue: “Mensaje recibido”.
Lo cierto es que muchos que lo frecuentaron durante años ahora lo desconocen. Desde el exgobernador rionegrino Weretilneck, que intentó despegarse del escándalo, hasta dirigentes libertarios que compartieron estructura con su entorno.
La figura de Claudio Cicarelli —presunto testaferro de Machado y pareja de una candidata libertaria— es otro eslabón clave. Su sociedad con un funcionario nacional en una empresa minera de Río Negro, que recibió tierras y permisos provinciales, complica aún más el panorama. Y aunque todo parece lejano, los vínculos cruzados con empresarios que operan en Salta y el norte argentino encienden alarmas.
Machado no se fugó. Pudo haberlo hecho. Pero prefirió quedarse y lanzar su advertencia. Lo hizo entre empanadas frías, perros callejeros y cámaras encendidas. A solas con una periodista, pidió que no lo dejen solo. Y se fue esposado, bajo custodia, sabiendo que su silencio es tan poderoso como su historia.
