El Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata declaró inconstitucional el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, que establece cómo se calculan las indemnizaciones por despido. La decisión representa el segundo revés judicial en apenas una semana, luego de un fallo similar en Córdoba.
El artículo cuestionado indicaba que las deudas laborales se actualizarían con tasas del Banco Central, con un tope de inflación más 3% y un mínimo del 67% de ese cálculo. Los jueces advirtieron que este mecanismo podría generar pagos insuficientes frente al índice de precios al consumidor, vulnerando derechos constitucionales protegidos en los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional.
El fallo puntualiza que la aplicación de tasas que no compensen correctamente la pérdida de valor del dinero por la inflación puede afectar de manera irrazonable el monto real de las indemnizaciones. Esto significa que empleados despedidos podrían recibir menos de lo que les correspondería según la normativa anterior, más alineada con la evolución de los precios.
La sentencia se dio en el marco de un pago de 12.800.000 millones de pesos en concepto de indemnización calculado bajo la legislación previa a la reforma. Según los jueces, garantizar la correcta actualización de créditos laborales es fundamental para proteger los derechos de los trabajadores y evitar perjuicios económicos.
Hace pocos días, el juez cordobés Ricardo Giletta había declarado inconstitucional el mismo artículo en un caso por despido arbitrario, marcando una tendencia de los tribunales a revisar la nueva normativa. La coincidencia de ambos fallos genera incertidumbre sobre la estabilidad del sistema de cálculo de indemnizaciones y preocupa tanto a empleadores como a empleados.
Especialistas en derecho laboral señalan que la reforma buscaba agilizar los procesos y limitar los montos de indemnización mediante fórmulas estrictas, pero los tribunales consideran que este enfoque puede resultar injusto en contextos de alta inflación. La clave del debate radica en equilibrar la eficiencia de la ley con la protección de los derechos adquiridos por los trabajadores.
Más allá de los casos específicos, el revés judicial refleja la tensión entre la intención de modernizar el marco laboral y la necesidad de garantizar créditos actualizados. La actualización de indemnizaciones frente a la inflación sigue siendo un tema crítico, y los próximos fallos podrían sentar precedentes para otros juicios en curso.
Mientras tanto, tanto empleadores como empleados deberán seguir de cerca las decisiones judiciales y evaluar cómo impactarán en contratos, despidos y futuras negociaciones laborales. La controversia sobre la Ley de Modernización Laboral demuestra que, en materia de derechos laborales, la norma por sí sola no siempre asegura certeza económica ni protección efectiva.
