La actividad portuaria argentina quedó paralizada tras el inicio de un paro por tiempo indeterminado de prácticos, pilotos y baqueanos, una medida que frenó el ingreso y salida de buques en distintos puntos del país y generó demoras en exportaciones de granos, combustibles y otras mercaderías.
El conflicto surgió como respuesta al Decreto 690/2026 del Gobierno nacional, que modifica el régimen de practicaje y pilotaje con el objetivo oficial de reducir costos logísticos y ampliar la competencia dentro del sector. Los trabajadores rechazan los cambios y reclaman la suspensión de la normativa antes de avanzar en una instancia de diálogo.
La protesta tuvo impacto inmediato en el comercio exterior argentino. Numerosos barcos quedaron a la espera de asistencia para realizar maniobras en puertos y vías navegables, mientras empresas vinculadas al agro alertaron por posibles demoras en los embarques de granos.
Uno de los casos que generó mayor atención fue la demora de un buque relacionado con el proyecto Vaca Muerta Oil Sur, una iniciativa estratégica para ampliar la capacidad de transporte y exportación de petróleo desde la cuenca neuquina hacia la costa atlántica. La embarcación quedó sin poder ingresar al puerto debido a la falta de prácticos disponibles.
Además del sector energético, la interrupción alcanzó terminales vinculadas al abastecimiento de combustibles. La paralización de operaciones en distintos puntos del país encendió alertas sobre posibles complicaciones en la distribución de nafta, gasoil y otros productos derivados.
El reclamo de los prácticos se centra en que la nueva normativa podría afectar la seguridad de la navegación y modificar las condiciones laborales de una actividad considerada clave para el funcionamiento del sistema portuario. Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que la reforma busca terminar con restricciones que encarecen la logística y limitan la competencia.
La Prefectura Naval Argentina intimó a profesionales del sector para que retomen sus tareas y advirtió sobre las consecuencias administrativas de mantener interrumpido un servicio considerado esencial para la navegación comercial.
La medida también generó preocupación entre operadores marítimos y exportadores, que señalaron que la demora de embarcaciones puede provocar mayores costos, incumplimientos comerciales y desvíos de cargas hacia puertos de países vecinos.
El impacto llega en un momento relevante para el comercio exterior argentino, especialmente para el complejo agroexportador. Durante julio, la liquidación de divisas del sector mostró una caída respecto del mismo período del año anterior, en un contexto marcado por cambios impositivos y menores ventas externas.
La actividad portuaria cumple un rol central para la economía argentina, ya que por sus terminales circula gran parte de las exportaciones agrícolas, industriales y energéticas. Una prolongación del conflicto podría profundizar las demoras y afectar la planificación de empresas exportadoras y operadores logísticos.
Mientras continúan las negociaciones entre las partes, el Gobierno busca garantizar la continuidad del servicio y los trabajadores mantienen su reclamo contra la reforma impulsada por la administración nacional.
