En el centro del proceso legal por la herencia de la destacada ensayista Beatriz Sarlo, una pericia caligráfica oficial llegó a una conclusión crucial: los manuscritos presentados por Melanio Alberto Meza López, encargado del edificio donde vivía la escritora, son de puño y letra de Sarlo.
La especialista designada por la Justicia, Liliana Ibáñez, basó su informe —de 17 páginas y con análisis de 33 imágenes ampliadas de documentos personales— en una “hermandad escritural” clara entre las firmas y textos del expediente y otros documentos oficiales de la autora. Su dictamen fue categórico: las escrituras y firmas pertenecen a Beatriz Ercilia Sarlo Sabajanes.
Entre las pruebas clave, se destacan dos cartas manuscritas fechadas en 2024 y presentadas por Meza López. En una de ellas, Sarlo expresa: “Yo, Beatriz Sarlo, quiero dejar certificada mi voluntad de que, en caso de mi desaparición u otro accidente, mi gata Niní deberá quedar a cargo de Alberto Meza. Certifico con mi firma”.
La otra carta, con fecha del 2 de agosto de 2024, apunta directamente a la herencia material: “Alberto Meza, quedás a cargo de mi departamento después de mi muerte y también quedás a cargo de mi gata Niní, que te aprecia tanto como te aprecio y valoro yo. Beatriz Sarlo”.
Estos textos, además de los documentos oficiales comparados por la perito, representan una pieza fundamental para determinar la validez de un posible testamento.
El patrimonio de Sarlo incluye dos departamentos —el de Caballito, donde residía, y otro ubicado en Talcahuano—, una caja de ahorro en pesos y los derechos de autor sobre su obra literaria. El juez Fernando Cesari, del Juzgado Civil N° 60 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene en sus manos la decisión final sobre la validez legal de estos manuscritos como testamentos válidos según el Código Civil y Comercial de la Nación.
La sucesión enfrenta a tres protagonistas con intereses contrapuestos. Por un lado, Melanio Alberto Meza López, que presentó las cartas manuscritas; por otro, Alberto Sato, esposo de Sarlo, con quien estuvo separada de hecho por más de 50 años pero sin divorcio legal; y finalmente Ernestina Susana del Río, prima de la escritora.
Además, interviene la Procuración General de la Ciudad, que podría asumir la sucesión en caso de que la Justicia determine la inexistencia de herederos forzosos.
En junio pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones revocó la exclusión de Alberto Sato del proceso sucesorio, reconociendo su derecho a participar en la causa.
La autenticidad caligráfica abre el camino a que los documentos firmados por Sarlo sean considerados en la Justicia. Sin embargo, la decisión final dependerá de la interpretación legal y de las pruebas presentadas por las partes involucradas.
Este caso no solo define el futuro de un patrimonio valioso, sino que también pone en debate cómo se reconoce la voluntad de figuras públicas a través de documentos informales en un contexto legal complejo.
