La Fundación Apolo denunció ante la Justicia al ex presidente Alberto Fernández, al empresario de seguros Héctor Martinez Sosa y al ex presidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por el presunto delito de «asociación ilícita» (artículo 210 del código penal).
"El sistema de corrupción investigado en la causa Seguros Nación, había sido armado con anterioridad en la provincia de Buenos Aires por las mismas personas y con idéntico procedimiento monopólico", consideró la nueva presentación, realizada por el director de la fundación, Yamil Santoro; el jefe del equipo legal, José Magioncalda; el encargado del equipo de investigación legal, Nicolás Silvera, y el abogado Ignacio Falcón.
"No es un hecho único, sino es parte de un plan sistemático desarrollado hace más de 20 años, creado por una verdadera asociación ilícita. Lo peor de todo, este sistema sigue vigente hoy en día", sostuvo Santoro.
Asimismo, el documento presentado también denuncia a Pagliano por «fraude contra la administración publica”, tipificados en el artículo 175 inciso 5 del mismo Código». "Esto es ya que, según expone el documento, el mismo esquema que habrían implementado los tres mencionados (ya de público conocimiento) para cobrar enormes comisiones, se habría aplicado en la empresa Provincia Seguros (propiedad del estado bonaerense) a partir del año 2006", se agregó.
"Desde Fundación Apolo estamos llevando adelante investigaciones además de nuestro activismo en favor de la transparencia que tantos dolores de cabeza le viene generando a los corruptos. En el caso de la causa Seguros que involucra a Alberto Fernández y a su entorno, estamos mostrando que lo que hoy investiga la Justicia no es un hecho único, sino es parte de un plan sistemático desarrollado hace más de 20 años, creado por una verdadera asociación ilícita. Lo peor de todo, este sistema sigue vigente hoy en día", dijo Santoro.
Alberto Fernández, Alberto Pagliano y Héctor Martínez Sosa están siendo investigados por la causa Seguros ya que, por decreto, el entonces presidente impuso la obligación a los entes nacionales de contratar con Nación Seguros. En ese contexto, Martínez Sosa habría operado como intermediario entre los entes públicos y esa compañía, llevándose exorbitantes comisiones en el proceso.
