El Gobierno nacional avanzó con nuevas medidas contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. El canciller Pablo Quirno afirmó que unas 180 compañías ya fueron notificadas sobre las posibles sanciones y deberán decidir si continúan operando en el archipiélago o si buscan mantener sus actividades en Argentina.
Quirno explicó que la estrategia oficial se apoya en la Ley 26.659, que establece restricciones para empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización argentina. Según planteó, el objetivo es ampliar el alcance de esas medidas e incorporar también a proveedores de servicios petroleros, financieros y de seguros.
El funcionario sostuvo que el escenario actual es diferente al existente cuando se sancionó la norma, debido al crecimiento de Vaca Muerta y al potencial energético argentino. En ese sentido, señaló que el Gobierno busca que las empresas tengan un incentivo concreto para abandonar proyectos en las islas y priorizar inversiones dentro del país.
“Van a tener que elegir”, afirmó Quirno al referirse a las compañías alcanzadas por las nuevas disposiciones. Según explicó, aquellas que decidan continuar con operaciones en Malvinas podrían quedar sujetas a un proceso de sanciones que les impediría desarrollar determinadas actividades en territorio argentino.
Entre las medidas anunciadas también figura una declaración jurada vinculada con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las empresas que pretendan acceder a sus beneficios deberán acreditar que no se encuentran en incumplimiento de la legislación argentina relacionada con las Islas Malvinas.
El Gobierno, además, prepara un proyecto para modificar la Ley 26.659 y ampliar las herramientas de sanción. La intención oficial es que las restricciones alcancen no solo a las compañías que exploren o exploten hidrocarburos en las islas, sino también a firmas que les presten servicios.
Quirno planteó que la reforma buscará generar un mecanismo que permita a las empresas abandonar esas actividades y, eventualmente, volver a operar en Argentina. La intención es evitar que una sanción termine funcionando como un incentivo para que las compañías permanezcan en Malvinas.
La ofensiva oficial se vincula especialmente con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa es impulsada por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration y contempla una inversión estimada en USD 1.800 millones, con una producción proyectada de unos 50.000 barriles diarios y el comienzo de la extracción previsto para 2028.
El canciller destacó además que las medidas forman parte de una estrategia más amplia que combina herramientas diplomáticas, legales y económicas. Según sostuvo, el objetivo es aumentar el costo para las empresas que participen de actividades hidrocarburíferas en las aguas que rodean al archipiélago.
En paralelo, el Gobierno impulsa el fortalecimiento de su presencia en el Atlántico Sur mediante la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. Quirno vinculó esa iniciativa con la protección del Mar Argentino, la logística antártica y el control de una zona considerada estratégica.
La administración de Javier Milei también busca coordinar su posición con países de la región. En ese marco, Quirno mencionó conversaciones con Chile sobre la prestación de servicios logísticos relacionados con actividades de hidrocarburos y pesca en el área.
El proyecto para modificar la Ley 26.659 deberá ser tratado por el Congreso. Mientras tanto, el Ejecutivo ya puso en marcha el esquema reglamentario y notificó a las empresas alcanzadas. La estrategia oficial apunta a utilizar el peso energético y económico de Argentina para desalentar nuevas inversiones vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas.
