El otorgamiento de la prisión domiciliaria al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido generó un fuerte repudio por parte de los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once, quienes volvieron a manifestar su malestar y su reclamo de justicia por las 52 personas fallecidas en el siniestro ferroviario.
La decisión judicial se fundamenta en el estado de salud del ex funcionario, que recientemente atravesó complicaciones cardíacas y otras patologías crónicas. A partir de ello, se dispuso que continúe cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario y con controles periódicos. Sin embargo, para los familiares de las víctimas, esta medida reabre un dolor que, aseguran, nunca dejó de estar presente.
A través de un comunicado difundido por Paolo Menghini, los allegados a las víctimas cuestionaron la resolución y expresaron que el beneficio judicial no cambia la responsabilidad que atribuyen al ex funcionario en la causa. Remarcaron que durante más de una década han sostenido un reclamo constante en busca de justicia, con participación en distintas instancias judiciales y seguimiento del proceso.
El grupo de familiares recordó además que la condena por administración fraudulenta contra De Vido fue resultado de un largo proceso judicial en el que se presentaron múltiples pruebas. En ese sentido, insistieron en que la decisión de la prisión domiciliaria no modifica el impacto del fallo ni la gravedad de los hechos juzgados.
Si bien reconocieron respetar las decisiones del Poder Judicial, expresaron su disconformidad con lo resuelto. Consideran que el estado de salud del ex ministro no debe ser interpretado como un elemento que atenúe su responsabilidad en la causa, y remarcaron que el paso del tiempo no borra lo ocurrido ni el dolor de las familias afectadas.
En el comunicado también se reiteró una fuerte crítica hacia la figura del ex funcionario, a quien señalan como uno de los responsables políticos del sistema ferroviario en el momento del accidente. Los familiares sostienen que la tragedia expuso fallas estructurales y negligencias en la administración del transporte público, que derivaron en una de las peores catástrofes ferroviarias del país.
El debate en torno a la prisión domiciliaria se inscribe en un proceso judicial que continúa generando repercusiones públicas. Mientras la defensa del ex ministro destaca sus problemas de salud como fundamento del pedido, las víctimas insisten en que la medida representa un retroceso en su búsqueda de justicia plena.
En este contexto, los familiares reiteraron que mantendrán su reclamo activo y que seguirán acompañando cada instancia judicial vinculada a la causa. La Tragedia de Once continúa siendo uno de los casos más emblemáticos en materia de seguridad ferroviaria y responsabilidad estatal en Argentina, con un impacto que aún persiste en la agenda judicial y social.
