Una alerta de Interpol sobre redes que reclutan expolicías, exmilitares y jóvenes en situación de vulnerabilidad para combatir en Ucrania puso bajo la lupa una modalidad que ya investiga la Justicia argentina: falsas ofertas laborales, pasajes de ida, contratos en idiomas desconocidos y órdenes para ocultar el verdadero motivo del viaje.
El llamado "Alerta Morada", distribuido por Interpol Colombia a sus pares de la región el jueves 23 de julio, describió un esquema de trata de personas con fines de trabajo forzoso en zonas de conflicto armado. La advertencia coincidió con el avance de una causa federal que comenzó en Ezeiza y derivó en la detención de una expolicía bonaerense.
Cuatro hombres demorados en Ezeiza
La investigación argentina comenzó en marzo, cuando agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria entrevistaron a cuatro hombres que esperaban abordar un vuelo de Turkish Airlines hacia Estambul. Desde allí viajarían a Chisináu, capital de Moldavia, para luego ingresar a Ucrania.
Los pasajeros aseguraron que una empresa los había contratado para trabajar en la reconstrucción de infraestructura dañada por los bombardeos. Sin embargo, sus respuestas mostraron contradicciones cuando los interrogaron por separado.
Ninguno sabía quién había comprado los pasajes, quién los recibiría en Europa ni qué tareas concretas realizaría. Tampoco contaban con boletos de regreso ni con dinero suficiente para afrontar la estadía. Finalmente, admitieron que habían sido contactados por plataformas digitales para incorporarse al frente de combate.
Según la investigación, las promesas de pago oscilaban entre USD 1.000 y USD 3.000, de acuerdo con las tareas y la cercanía con la línea de fuego.
El esquema contemplaba contratos redactados en ucraniano y condiciones que no eran informadas previamente. En el caso de los cuatro hombres demorados, ninguno había firmado documentación: les habían dicho que lo harían al llegar a destino.
También declararon que los reclutadores les habían ordenado mentir ante la PSA y la compañía aérea. Debían sostener que viajarían para trabajar en la construcción y evitar cualquier referencia a actividades militares.
Una expolicía detenida y su pareja prófuga
A partir de esos testimonios, el juez federal Luis Antonio Armella impidió que los cuatro hombres abordaran el avión y ordenó abrir una investigación por posibles indicadores de trata. La pesquisa quedó a cargo del Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal y fue delegada en el fiscal Sergio Mola.
El análisis de comunicaciones y la reconstrucción de la logística del viaje permitieron identificar a una pareja domiciliada en Tigre. La Justicia sostiene que ambos captaban interesados mediante plataformas digitales y organizaban los traslados hasta el aeropuerto.
La Policía Federal detuvo a Griselda Inés Ortiz, expolicía bonaerense de 45 años, durante un allanamiento en una vivienda de Tigre. Su pareja, señalada como el otro responsable del reclutamiento, salió del país hacia Brasil el 29 de junio y permanece prófuga.
Durante el procedimiento, los agentes secuestraron el teléfono celular de Ortiz y comprobaron que administraba una plataforma para operar con criptoactivos, en la que figuraban fondos inmovilizados por orden judicial.
No encontraron otras posibles víctimas ni documentación directamente vinculada con las maniobras. El análisis de los dispositivos será central para determinar el alcance de la organización y establecer cuántas personas pudieron haber sido captadas.
La sospecha sobre viajes a Ucrania
Una de las líneas de investigación busca determinar si Ortiz tenía antecedentes como mercenaria en Ucrania. Por el momento, la Justicia no tiene certeza sobre posibles viajes de la detenida o de su pareja.
La Dirección Nacional de Migraciones recibió un pedido para remitir los movimientos de ambos. La causa también intenta establecer si cuatro argentinos murieron en el conflicto entre 2025 y 2026, un dato que todavía no fue confirmado.
Los hombres interceptados en Ezeiza atravesaban situaciones económicas precarias y uno de ellos tenía experiencia como soldado. Para la fiscalía, esa vulnerabilidad resulta decisiva para analizar si las promesas salariales y las condiciones del viaje viciaron su consentimiento.
"El consentimiento está viciado, los contratos no sabemos si son verdaderos e ideológicamente son falsos. Se abusan de la vulnerabilidad socioeconómica de las víctimas", señaló una fuente de la causa.
La alerta de Interpol
La circular de Interpol advirtió que la captación comienza con ofertas de altos salarios y supuestos beneficios migratorios, dirigidas especialmente a exmilitares y exintegrantes de fuerzas de seguridad.
"Se logró detectar la modalidad del reclutamiento de hombres jóvenes, exintegrantes de las fuerzas públicas, con conocimiento en el manejo de armas de fuego, para ser trasladados mediante ofertas laborales engañosas hacia zonas de conflicto armado en el continente europeo", señaló el documento.
Según la alerta, las organizaciones utilizan empresas de fachada y contratos aparentes, reuniones presenciales y traslados coordinados hacia distintos países europeos.
Una vez en destino, las víctimas pueden quedar sometidas a la confiscación de documentos, el aislamiento y deudas ficticias. "Son obligadas a participar en actividades de combate", advirtió Interpol, que también mencionó amenazas e intimidaciones ante posibles intentos de resistencia.
Siete casos bajo investigación
El expediente contra Ortiz forma parte de siete casos recopilados por la Protex. La mayoría tramita en la Justicia Federal de Lomas de Zamora por la jurisdicción del aeropuerto de Ezeiza, aunque también existen investigaciones en Tucumán y Santa Fe.
En abril, los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo informaron a la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados sobre posibles maniobras de captación y traslado de argentinos hacia Ucrania.
El fenómeno, señalaron, presentaba "indicios de organización estructurada y transnacional", con reclutadores locales que seleccionaban perfiles, coordinaban grupos y gestionaban viajes únicamente de ida hacia países cercanos al conflicto.
La Cancillería argentina también sigue el tema desde hace varios meses, a partir de pedidos de ayuda de ciudadanos argentinos que viajaron a Ucrania y luego denunciaron situaciones distintas de las prometidas.
La Justicia procura establecer cuántos argentinos llegaron a viajar bajo este esquema, qué organizaciones los recibían en Europa, quién financiaba los pasajes y si las ofertas laborales funcionaban como una pantalla para enviar combatientes a la guerra.
