El debate por la reforma laboral vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política y económica del país. El proyecto enviado al Congreso por el Gobierno nacional propone una reconfiguración profunda del esquema tributario, con un punto que despierta especial atención: la eliminación de ocho impuestos nacionales a partir de 2026. La iniciativa busca reducir la cantidad de tributos vigentes, aliviar la carga fiscal sobre el sector productivo y avanzar hacia un sistema más simple y previsible.
De aprobarse tal como está planteada, la reforma implicaría que los impuestos nacionales pasen de ser 45 a 37, lo que representa una baja cercana al 18% en ese nivel. En el total del sistema impositivo argentino, que hoy reúne más de 150 tributos entre Nación, provincias y municipios, la reducción sería menor, ya que no se prevén cambios relevantes en los gravámenes provinciales ni en las tasas municipales. En provincias como Salta, donde la presión impositiva local y los costos laborales son una preocupación constante para las pymes, el impacto se observa con expectativa y cautela.
La lógica detrás de la propuesta oficial es clara: eliminar impuestos considerados de bajo peso recaudatorio o con escasa incidencia real en las finanzas públicas, pero que suman complejidad administrativa y costos para empresas y usuarios. En los últimos años, el sistema tributario argentino se volvió cada vez más fragmentado, con gravámenes superpuestos que, en muchos casos, recaudan poco y generan más burocracia que beneficios fiscales.
El proyecto plantea que los cambios comiencen a regir en 2026. En términos históricos, el número de impuestos nacionales ya venía mostrando leves ajustes. En 2024 se contabilizaban 46 tributos de alcance federal, cifra que bajó a 45 en 2025 tras la finalización del impuesto PAIS. Con la reforma laboral, el esquema se reduciría aún más, consolidando un recorte que el oficialismo presenta como un primer paso hacia una simplificación mayor.
Más allá de la cantidad de impuestos, uno de los datos que surgen del análisis del sistema es la fuerte concentración de la recaudación. Pese a la extensa lista de tributos existentes, la mayor parte de los recursos del Estado proviene de un puñado de ellos. Para 2025, se estima que seis impuestos explicarán alrededor del 85% de la recaudación consolidada: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los aportes y contribuciones a la seguridad social, el impuesto a las ganancias tanto de personas humanas como de sociedades, el impuesto provincial a los ingresos brutos, el impuesto a los débitos y créditos bancarios y los derechos de exportación.
Si se amplía el análisis a los diez tributos con mayor peso, la concentración es todavía más marcada: cerca del 94% de los ingresos fiscales totales se explican por ese grupo reducido. Allí aparecen, además, el impuesto a los combustibles, una tasa municipal de Seguridad e Higiene, los derechos de importación y algunos impuestos internos coparticipados. En ese esquema, la mayoría de los impuestos que ahora se propone eliminar tienen una incidencia marginal en la recaudación, aunque no necesariamente en la vida cotidiana de ciertos sectores.
Los ocho impuestos nacionales que dejarían de existir si la reforma se convierte en ley son: el impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos; el impuesto a los videogramas grabados; el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual; el impuesto a los objetos suntuarios; el impuesto a los vehículos automotores, motos y embarcaciones; el impuesto a las embarcaciones y aeronaves de recreo o deportes; el impuesto a los seguros; y el impuesto a la telefonía celular y satelital.
Algunos de estos gravámenes tienen un impacto directo en consumos masivos, como el cine, la telefonía móvil o los seguros, mientras que otros están vinculados a bienes específicos, como vehículos de alta gama, embarcaciones o aeronaves de uso recreativo. En provincias del interior como Salta, donde el acceso a servicios de comunicación y el costo de los seguros pesan fuerte en los presupuestos familiares y empresariales, la eventual eliminación de estos impuestos genera expectativas de alivio, aunque su traducción en precios finales dependerá de múltiples factores.
La reforma laboral no se limita al recorte de impuestos. Otro de los ejes centrales es la reducción de los costos laborales no salariales, una de las principales demandas del sector empresario, especialmente en actividades intensivas en mano de obra. El proyecto introduce cambios en contribuciones patronales, en el tratamiento del impuesto a las ganancias y en regímenes de incentivo que buscan fomentar el empleo formal.
Según estimaciones técnicas que acompañan la iniciativa, una empresa industrial mediana podría experimentar una baja significativa en sus costos laborales mensuales. En un ejemplo típico, con una masa salarial de 100 millones de pesos, el ahorro rondaría los 12 millones mensuales, lo que implica una reducción cercana al 38% de los costos asociados al empleo, sin tocar el salario de bolsillo de los trabajadores. En economías regionales como la salteña, donde muchas firmas operan con márgenes ajustados, este punto es seguido de cerca.
Sin embargo, el proyecto también abre interrogantes sobre el impacto fiscal de mediano y largo plazo. Uno de los aspectos más discutidos es el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo que apunta a cubrir futuros costos de despido. La crítica técnica señala que, al financiarse mediante una renuncia fiscal en el presente, el Estado asume un compromiso que podría afectar los ingresos del sistema previsional. En otras palabras, mejora la situación financiera inmediata de las empresas, pero introduce un riesgo sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Este punto es clave en un país con un sistema jubilatorio tensionado y con fuertes desequilibrios fiscales acumulados. La discusión no es menor y atraviesa tanto al oficialismo como a la oposición, que deberá definir su postura en el Congreso. En Salta, donde el empleo privado registrado es un desafío estructural, el equilibrio entre incentivo a la contratación y cuidado de los recursos públicos aparece como un dilema central.
La reforma laboral y la eliminación de impuestos nacionales se inscriben, así, en un debate más amplio sobre el rol del Estado, la presión tributaria y la competitividad de la economía argentina. Mientras el Gobierno sostiene que la simplificación impositiva y la baja de costos son condiciones necesarias para crecer y generar empleo, otros sectores advierten sobre los riesgos de desfinanciar áreas sensibles.
Con el inicio del tratamiento legislativo en sesiones extraordinarias, el proyecto promete semanas de discusión intensa. El resultado final no solo definirá el mapa de impuestos nacionales a partir de 2026, sino también el rumbo del mercado laboral y el impacto en provincias como Salta, donde cada cambio en las reglas económicas se siente con fuerza en la calle, en las empresas y en el bolsillo de la gente.
