Javier Milei prepara el envío al Congreso de una reforma en los organismos públicos con la que buscará retomar parte del recorte que había intentado por decretos delegados y que fue rechazado por ambas cámaras el año pasado. La iniciativa forma parte de la profundización de la “motosierra” que el presidente planea impulsar durante 2026.
La redacción del proyecto está a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y de sus equipos técnicos. El objetivo es recuperar por vía legislativa las eliminaciones, fusiones y transformaciones de entes que habían quedado sin efecto tras la caída de los decretos delegados en 2025.
En el Gobierno aseguran que el nuevo esquema no se limitará necesariamente a reponer el decreto inicial y admiten que podría incluir más organismos. Nación ya no puede impulsarlo por decreto porque se le vencieron las facultades delegadas que habilitaban la reestructuración de organismos.
“Va a ser una revisión integral”, expresan en el oficialismo. La medida del año pasado había dispuesto la disolución de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito; la eliminación de la ARICCAME, del INAFCI y del INASE; y la transformación del INTI, el INTA, el INV y el INPI. Tras el rechazo legislativo, el Ejecutivo restituyó por decreto la vigencia de las normas previas.
La avanzada va en línea con el plan de la Casa Rosada de acelerar la reducción del empleo público. El último informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con datos a febrero de 2026, sostiene que desde diciembre de 2023 se eliminaron 65.528 puestos de trabajo en el sector público, lo que equivale a una baja del 13 % del total. El mismo documento marca una reducción del 18,5 % en la Administración Pública Nacional y del 13 % en la APN descentralizada, que es donde pone ahora parte de la lupa.
En Balcarce 50 vinculan la revisión con la intención de profundizar el ajuste del gasto durante este año y de avanzar sobre estructuras que consideran “superpuestas, sobredimensionadas o de baja productividad”. El diagnóstico ya había quedado plasmado en los fundamentos del decreto 462/2025, donde el oficialismo avanzó dentro del plazo de emergencia administrativa fijado por la norma.
En el Gobierno esperan que la reforma vuelva a abrir un frente de discusión con la oposición, gobernadores y gremios estatales, que ya habían cuestionado tanto el alcance del rediseño como la vía elegida para instrumentarlo. El rechazo parlamentario de 2025 dejó expuesta esa resistencia y forzó a Nación a retrotraer cambios ya dictados, con el argumento oficial de preservar la continuidad operativa de la administración pública.
En el Ejecutivo evitan por el momento fijar una fecha de envío, advierten que el texto será remitido en los próximos meses y sostienen que antes buscarán ordenar otros proyectos en la agenda del Congreso, como la Ley Hojarasca y el paquete de propiedad privada. La estrategia oficial es no abrir una discusión de alta conflictividad hasta no tener definido el momento político y el volumen de apoyos que pueden reunir en Diputados y el Senado.
Fuente TN
