La marcha convocada este miércoles 18 de junio por el kirchnerismo en Plaza de Mayo, bajo el cínico lema “Argentina con Cristina”, no fue solo un acto de apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción y bajo arresto domiciliario.
Fue, ante todo, una demostración de su carácter golpista y su rechazo frontal a los fallos de la Justicia, dejando tras de sí un reguero de caos, destrozos y una factura de $237 millones que, una vez más, recaerá sobre los hombros de los contribuyentes porteños.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que este monto, que cubre únicamente la limpieza y reparación de la zona entre el domicilio de Fernández de Kirchner en Monserrat y la Plaza de Mayo, refleja el enorme esfuerzo necesario para restaurar el orden tras la movilización. El operativo especial desplegado incluyó 260 barrenderos, 15 hidrolavadoras, 13 camiones de basura, 42 supervisores, 15 brigadas de acción inmediata y la retirada preventiva de 175 contenedores de residuos. Pero la cuenta no termina ahí: los costos asociados a los daños en el Congreso de la Nación, donde también se registraron concentraciones, aún están por calcularse y prometen engrosar una factura ya escandalosa.
Las imágenes del aftermath son elocuentes: calles tapizadas de basura, carteles arrancados, pintadas en edificios, bancos públicos y mobiliario urbano vandalizados, y contenedores destruidos. Este escenario no es nuevo; es la marca registrada de las agrupaciones kirchneristas, que una vez más exhibieron su desprecio por el espacio público y por las normas de convivencia. Su accionar no solo desafía los fallos judiciales que condenaron a su líder por administración fraudulenta, sino que también envía un mensaje claro: el kirchnerismo no acata la Justicia y está dispuesto a sembrar el desorden para imponer su agenda.
La movilización, impulsada por gremios, organizaciones sociales y referentes kirchneristas, tuvo un fuerte tinte político, pero su costo lo pagarán, como siempre, los ciudadanos de a pie. Los $237 millones que se destinan a limpiar el desastre kirchnerista son recursos que podrían haberse invertido en escuelas, hospitales o infraestructura, pero que ahora se dilapidarán en reparar el daño causado por quienes se autoproclaman defensores de la “democracia”. Este acto no solo fue un intento de presionar al sistema judicial, sino también una provocación a una sociedad agotada de soportar las consecuencias de su irresponsabilidad.
El kirchnerismo, lejos de reflexionar sobre la condena firme contra su líder, opta por la victimización y el caos. Su negativa a respetar los fallos judiciales y su insistencia en desestabilizar el orden público confirman que su prioridad no es la defensa de los derechos, sino la perpetuación de un proyecto político que ya ha sido repudiado por la Justicia y por gran parte de la ciudadanía. Mientras los porteños pagan la cuenta, el mensaje del kirchnerismo resuena alto y claro: son golpistas, y su desprecio por las instituciones y el bien común no tiene límites
