Un informe del Consejo de la Magistratura confirmó que a los tres jueces que condenaron a Cristina Kirchner en el juicio de Vialidad les revisaron sus declaraciones juradas -y se llevaron datos- sin autorización.
La información surge de un documento de 293 páginas que elaboró el organismo sobre la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales del Cuerpo, del Consejo de la Magistratura. En esa oficina habían ingresado el año pasado presuntos delincuentes que se llevaron datos sensibles.
El informe también revela otras falencias como fallas en los controles y cuidados de esa información sensible.
A los jueces del caso de Vialidad les abrieron varios sobres con datos que debían estar resguardados. A Rodrigo Giménez Uriburu le intrusaron los sobres n° 33.898 y n° 40.143 que correspondían a presentaciones de declaraciones juradas de 2019 y 2021. Detectaron que estaban "abiertos”. En el caso de Andrés Basso estaban abiertos los sobres n° 33.921 y n° 37.352 de las presentaciones de declaraciones juradas realizadas en 2019 y 2020. A Jorge Gorini le abrieron el sobre n° 37.421 de 2020.
El relevamiento inició después de que la Oficina responsable de recepcionar y resguardar la información que presentan los jueces nacionales y federales al cierre de cada período fiscal. En julio del año pasado el área fue intrusada, sin forzar la cerradura según se explicó pero con una explícita muestra de que se había ingresado al lugar.
Desde entonces se inició un trabajo sobre toda la documentación que se encuentra allí. Una de las primeras observaciones es que en algunas cajas "faltaban sobres de declaraciones juradas que luego fueron encontradas en otro lugar, y varios sobres presentan signos de haber sido abiertos y no hemos encontrado dónde verificar si su apertura se dio en el marco de alguna investigación judicial o disciplinaria".
En el caso de aquellos expedientes que exhiben constancias de apertura "se encuentran en un mismo lugar o sistematizados de algún modo (existe un bibliorato con copias de expedientes sobre solicitudes de Declaraciones Juradas Patrimoniales junto con expedientes de facturas", continúan detallando los auditores.
El primer muestreo generó mucho malestar entre integrantes del Consejo: la falta de cuidado de la documentación sensible, la intrusión de sobres sin determinar quién intervino en dicha acción, información perdida por el precario sistema de archivo, fueron algunas quejas que entre pasillos sostuvieron algunos consejeros.
Otro dato al respecto es que muchos de los expedientes se encuentran en el "fichero sueltos, y otros en las cajas ubicadas en el subsuelo”. No hay un sistema de unificación de registro de las Declaraciones Juradas respecto, por ejemplo, a los pedidos de autorización para acceder a ellas.
“Por caso, existen sobres que han sido abiertos y vueltos a cerrar con una constancia que da razón de ello en virtud de un requerimiento judicial, pero otros nuevamente cerrados no cuentan con dicha constancia; tales circunstancias no permiten determinar con facilidad si ello obedece a esas variaciones de modalidades de trabajo según la rotación de responsables y colaboradores que se ha producido durante los últimos años, o bien a aperturas irregulares”, indica el documento oficial.
Un dato que sobresaltó a varios jueces y consejeros es que aún quedan sobres con Declaraciones Juradas Patrimoniales que no han sido localizados, y “otros tantos, que tienen signos de haber sido abiertos, sin constancia en el exterior que permitiera a primera vista justificar la apertura”.
Sobre este punto se aclaró que en el listado se encuentran 24 sobre abiertos y nueve manipulados que ya habían sido informados en una primera auditoría. El número total ahora asciende a 55 Anexos Reservados abiertos/manipulados.
Estos tres jueces integran el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que condenó a Cristina Kirchner el pasado 6 de diciembre por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con una pena de seis años de cárcel. Los anexos reservados que fueron manipulados incluyen el período de desarrollo del juicio. El mismo inició en mayo de 2019 y concluyó a finales de 2022.
El listado de este ítem de la auditoría incluye a otros magistrados de Comodoro Py. Se trata de presentaciones realizada en el período 2020 que también fueron abiertas sin la correspondiente certificación externa que justifique dicha apertura.
Se trata de los integrantes de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, integrante de la Sala IV que será la responsable de revisar la sentencia condenatoria de la vicepresidenta. Pero intervino también, en los casos como la Ruta del Dinero K donde Lázaro Báez terminó condenado y confirmado por el máximo tribunal penal a diez años de cárcel por lavado de dinero.
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También en el puesto 31 se incluyó al integrante de la Sala I de la Casación, Diego Barroetaveña que deberá resolver si Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, junto a otros trece imputados, enfrentarán o no el juicio oral en los casos Hotesur y Los Sauces.
El magistrado interviene además, en el expediente por la firma del Pacto con Irán donde la vice fue acusada de encubrimiento agravado del atentado de la AMIA tras la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. Al igual que en el caso anterior, debe expedirse junto a sus pares de la Sala I sobre el sobreseimiento que recibió la vice sin realización del juicio, es decir, si dejan firme esa decisión o si ordenan la realización del juicio. Barroetaveña es consejero en representación de los magistrados.
Finalmente, en cuanto a los jueces de Comodoro Py, se determinó que la presentación reservada de Guillermo Yacobucci también fue abierta sin la correspondiente autorización.
Los números globales que se volcaron en la auditoría indican que en el “arqueo general, verificado con tres cruces consecutivos, se determinó el faltante de 83 sobres con Declaraciones Juradas, de los cuales 44 son de Anexos Reservados y 39 de Anexos Públicos”.
Asimismo, “se determinó que 55 sobres de Anexo Reservado y 277, de Anexo Público, presentaban signos de apertura, sin constar en el exterior del sobre la causa de tal supuesto”.
Sobre este punto se explicó que al no contar con un sistema de registro unificado respecto a quiénes abren los sobres de información de las Declaraciones Juradas y bajo qué requerimiento, “se impidió determinar con certeza la cantidad de sobres de Anexos Públicos y Reservados que fueron efectivamente abiertos y, en su caso, las causales que dieron origen a dicha apertura”.
Este procedimiento, carente de un registro externo o de un apostillado claro en lomo del sobre, “da lugar a confusión y arroja sospecha sobre aperturas que se pueden haber sido regulares y ajustadas a los reglamentos vigentes”, indicaron los auditores.
Los auditores se refirieron en el documento que se tratará este jueves en el plenario del Consejo, que dieron con un grupo de cajas de cartón y rotuladas “Jueces” que se encontraron en un despacho del octavo piso “al lado del puertín”.
Allí se encontraron anexos públicos de las declaraciones juradas de, prácticamente, todos los jueces de instrucción de Comodoro Py y algunos de otras instancias. Por ejemplo, de los magistrados responsables de investigar están: Marcelo Martínez de Giorgi, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, María Servini, Ariel Lijo, Sebastián Ramos.
En el caso de Rafecas y Casanello, se informó que los sobres estaban abiertos “sin constancia alguna de apertura”, es decir la notificación que justifique dicha acción. Misma circunstancia ocurrió con los anexos del juez Julián Ercolini.
