Un confuso episodio ocurrido en Tupungato, Mendoza, derivó en la detención injusta de una docente, quien fue acusada de tráfico de material pornográfico infantil. La situación, que causó conmoción en la comunidad educativa, se originó tras una denuncia proveniente de Estados Unidos, pero luego quedó en evidencia que todo fue un error.
El caso comenzó el 7 de agosto, cuando una ONG estadounidense especializada en la detección de pornografía infantil alertó sobre intentos de subir un video con contenido indebido a YouTube desde un dispositivo ubicado en Tupungato. La investigación derivó en allanamientos en tres domicilios, entre ellos el de la vicedirectora de una escuela, donde se secuestró un celular vinculado al hecho.
Horas más tarde, la mujer fue detenida en su lugar de trabajo. “Ella no entendía nada de lo que le hablaban”, relató su entorno. Sin embargo, la revisión del material reveló que la menor que aparecía en las imágenes era su nieta de 11 años, quien reconoció en Cámara Gesell que se había grabado para cumplir con un reto y que intentó subir el video durante la madrugada del Día del Padre.
El fiscal Pablo Fossarolli, a cargo de la causa en el Valle de Uco, solicitó el sobreseimiento de la docente, aunque aún se esperan pericias informáticas confirmatorias.
Pese a quedar libre de la acusación, la mujer sufrió consecuencias graves: fue desplazada de su cargo de vicedirectora, suspendida sin goce de sueldo y estigmatizada en su comunidad. “Lo más doloroso es que a la niña le arruinaron la vida, sufrió bullying en la escuela y tuvo que enfrentar peritajes. A mi defendida la señalaron injustamente. Hoy no puede salir a hacer compras sin que la miren”, expresó su abogado, Juan Franco Ferraris.
El caso expuso los riesgos de la exposición digital de los menores y abrió un debate sobre la necesidad de reforzar la protección infantil sin que terceros inocentes carguen con las consecuencias de malentendidos judiciales.
