En un nuevo capítulo de la puja entre el Gobierno nacional y el Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció que el Poder Ejecutivo promulgará la Ley de Discapacidad, sancionada con amplio respaldo parlamentario, pero puso un freno a su aplicación inmediata.
La razón, según el funcionario, es la falta de claridad sobre cómo se financiará esta normativa que busca ampliar derechos y beneficios para las personas con discapacidad en Argentina. La decisión generó expectativa y también incertidumbre en Salta, donde miles de familias esperan mejoras concretas en políticas inclusivas.
La ley, impulsada por la oposición y respaldada incluso por sectores que en otros momentos acompañaron al oficialismo, logró superar el veto del presidente Javier Milei. En el Congreso, tanto Diputados como Senadores alcanzaron los dos tercios necesarios para ratificar la norma, un hecho que refleja el fuerte consenso político en torno a la importancia de esta legislación. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que la falta de un plan financiero claro pone en jaque su puesta en marcha.
Francos, en tono conciliador pero firme, explicó que la promulgación es un paso formal que se dará en los próximos días, pero la reglamentación quedará supeditada a un análisis exhaustivo. “No es solo cuestión de firmar y listo. Hay que ver de dónde salen los fondos, porque esto implica más recursos para pensiones y programas de inclusión. No queremos prometer algo que después no se pueda cumplir”, señaló el jefe de Gabinete, dejando en claro que el tema será debatido con el ministro del área y, posiblemente, con comisiones del Congreso.
En Salta, la noticia cayó con un sabor agridulce. Las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad celebraron la promulgación, pero expresaron preocupación por la demora en su aplicación. Muchas familias de la provincia, especialmente en zonas rurales como el Valle de Lerma o los departamentos del norte, dependen de políticas públicas que garanticen accesibilidad, atención médica y apoyo económico. La falta de certezas sobre el financiamiento reavivó el temor a que los beneficios prometidos queden en un cajón.
El Gobierno, por su parte, insiste en que el Congreso debe asumir la responsabilidad de indicar de dónde saldrán los fondos. Francos fue tajante: “No nos pueden tirar la pelota a nosotros y decir ‘arreglense’. Si no se define cómo se paga, ¿qué hacemos? ¿Sacamos plata de los jubilados o de otros programas sociales?”. Esta postura refleja la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un contexto de ajuste fiscal que domina la agenda nacional.
Mientras tanto, en Salta y en todo el país, las personas con discapacidad y sus familias esperan respuestas concretas. La promulgación de la ley es un paso adelante, pero sin un presupuesto claro, el impacto real de la normativa sigue siendo una incógnita. La discusión, que ahora se traslada al ámbito técnico y político, definirá si esta ley se convierte en una herramienta de cambio o en una promesa más en el horizonte argentino.
