En una decisión que marcará un nuevo capítulo en la controversia judicial y política en Argentina, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) notificó oficialmente a Cristina Fernández de Kirchner sobre la obligación de devolver los fondos que percibió a través de su jubilación y pensión por viudez. La suma aproximada supera los 1.000 millones de pesos, según informaron desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello.
La medida se ejecuta por la vía administrativa, evitando el paso por la Justicia, un camino que en el Gobierno consideran más ágil para garantizar el recupero de los fondos. En el comunicado oficial se detalla que "se ha dado formal inicio a la implementación del efectivo recupero de las sumas percibidas indebidamente por la ciudadana Cristina Fernández de Kirchner, correspondientes a las asignaciones vitalicias otorgadas, con sus respectivos intereses".
El contexto de esta decisión se remonta a la condena de la ex presidenta en la causa Vialidad, por administración fraudulenta del Estado, confirmada por la Cámara de Casación Penal en noviembre de 2024. Tras esa resolución judicial, ANSES dejó sin efecto tanto la pensión por viudez que recibía Cristina Kirchner como la jubilación otorgada por su desempeño como presidenta de la Nación.
Fuentes del Ministerio de Capital Humano indicaron que, debido a que la ex mandataria cumple prisión domiciliaria en su vivienda del barrio de Constitución, deberá enviar a su apoderado o abogado para gestionar la situación ante ANSES. Desde el Gobierno anticipan que Cristina Kirchner probablemente judicializará el caso, presentando un amparo para frenar el cobro de las sumas reclamadas.
La decisión de no avanzar por la vía judicial tiene como objetivo acelerar el proceso de recupero de los fondos. Este tipo de acciones administrativas son habituales en casos donde los beneficiarios de asignaciones vitalicias quedan involucrados en causas penales que afectan sus derechos a percibir tales ingresos.
En la provincia de Salta, esta noticia genera repercusión tanto entre la ciudadanía como en sectores políticos, donde se observa un seguimiento atento de cada movimiento relacionado con figuras nacionales de alta relevancia. La magnitud del monto involucrado, sumado a la exposición mediática del caso, vuelve a poner en debate la forma en que se administran los beneficios otorgados a ex mandatarios y a sus familiares.
El impacto económico de la devolución de más de 1.000 millones de pesos también es relevante a nivel nacional y provincial, considerando que estos fondos podrían ser reasignados a programas sociales, jubilaciones o asistencia a sectores vulnerables, algo que en regiones como Salta resulta especialmente sensible. La provincia, con su realidad socioeconómica particular, observa con interés cómo se dirimen este tipo de decisiones administrativas y su posible repercusión en la redistribución de recursos públicos.
Hasta ahora, Cristina Kirchner había resistido la nulidad de las resoluciones que dieron de baja sus asignaciones vitalicias. La ex presidenta buscó, mediante medidas cautelares, restablecer el cobro de ambos beneficios, pero la Justicia rechazó estos pedidos. El resultado fue la activación de la vía administrativa, que ahora marca el camino oficial para el recupero del dinero.
El caso también revive el debate sobre la política de asignaciones vitalicias para expresidentes y viudas de ex mandatarios, un tema que ha generado discusión en distintos ámbitos políticos y académicos. En Salta, como en otras provincias del país, los especialistas en derecho administrativo y gestión pública siguen de cerca la evolución de la situación, analizando posibles precedentes y consecuencias futuras.
Además del interés político y jurídico, la noticia toca fibras sensibles en la opinión pública, que observa con atención cómo se manejan recursos que pertenecen al Estado y que podrían ser destinados a sectores con necesidades urgentes, como jubilados, programas educativos y asistencia social. La percepción sobre la recuperación de estos fondos, más allá del nombre involucrado, se inserta en un debate más amplio sobre transparencia, equidad y gestión de los recursos públicos.
ANSES, a través de su intervención directa, busca no solo recuperar las sumas pagadas indebidamente, sino también reafirmar la autoridad administrativa en casos de este tipo. La notificación a Cristina Kirchner se convierte en un hito que combina la dimensión legal con la política, evidenciando la tensión entre derechos adquiridos, condenas judiciales y control del gasto público.
En resumen, la ex presidenta deberá afrontar un proceso administrativo que podría derivar nuevamente en la Justicia, mientras en Salta y el resto del país se mantiene la expectativa sobre cómo se resolverá la devolución de los más de 1.000 millones de pesos. La resolución de este caso tendrá impacto directo sobre la percepción ciudadana de la gestión de recursos estatales y sobre la manera en que se aplican sanciones a figuras de alto perfil político.
