Cristina Kirchner y ocho condenados en la causa Vialidad fueron intimados a devolver $684.990.350.139,86, más de USD 540 millones, tras la actualización realizada por los peritos contadores de la Corte Suprema.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) les dio un plazo de 10 días hábiles para depositar o presentar bienes equivalentes. Si no lo hacen, avanzarán con embargos y remates.
Montos revisados y alcance del fallo
En diciembre de 2022, en primera instancia, se ordenaba restituir unos $85 mil millones en base a la maniobra de adjudicación irregular de 51 licitaciones viales en Santa Cruz a Lázaro Báez, con sobreprecios del 64 %
Los peritos de la Corte aplicaron el IPC del INDEC desde 2022 hasta junio de 2025, obteniendo la cifra final de $684.990.350.139,86 (aprox. USD 540–537 millones).
La orden alcanza a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich
La justicia solicitará a registros de propiedad y bancos información de bienes, que incluyen unas 213 propiedades, 14 vehículos y 6 sociedades, para ejecutar los embargos y remates si no se cumple con el pago.
CFK declaró en 2024 un patrimonio de $249 millones, con casas en CABA y Santa Cruz, un Honda CR‑V, y participaciones en sociedades como Los Sauces, Hotesur y Coma.
Según fiscales Luciani y Mola, esos bienes –incluidos los donados a sus hijos Máximo y Florencia en 2016– están embargados y podrán ser decomisados.
Báez es el más comprometido: con patrimonio valuado en unos USD 120 millones, entre propiedades, estancias, vehículos y sociedad Austral Construcciones, ya embargadas en otras causas por lavado.
¿Y ahora qué viene?
- Intimación formal
- 10 días hábiles de espera para depósito o presentación de bienes
- Embargos o remates sobre activos valiosos (propiedades, empresas, cuentas)
- Posible ejecución civil paralela por parte de Vialidad Nacional (ya se tramita un resarcimiento cercano a USD 1.125 millones)
- Destino del dinero decomisado: se sumará al presupuesto judicial, aunque los fiscales proponen usarlo en áreas sociales como salud o infraestructura
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