La confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad no es solo un fallo judicial, sino un grito de justicia largamente esperado por el pueblo argentino.
Después de años de impunidad, de maniobras políticas y de un relato construido sobre mentiras, la Corte Suprema ha puesto un freno a la carrera de una de las figuras más corruptas de nuestra historia reciente. Este veredicto no solo desnuda la trama de desvíos de fondos públicos en la obra pública, sino que también representa un triunfo para los ciudadanos hartos de ver cómo sus impuestos engordaban los bolsillos de una élite política sin escrúpulos.
Cristina Kirchner, la eterna manipuladora de la política argentina, ha quedado expuesta como lo que siempre fue: una líder que transformó el poder en un botín personal y familiar. La causa Vialidad reveló cómo, durante su presidencia y la de su fallecido esposo Néstor Kirchner, se direccionaron millones de pesos a empresas cercanas al kirchnerismo, dejando rutas inconclusas y comunidades abandonadas. Este fallo no es un capricho judicial, como ella y sus seguidores intentarán venderlo, sino la consecuencia lógica de una investigación que destapó un esquema delictivo orquestado desde la cima del poder.
Para el pueblo argentino, esta condena es un bálsamo. Durante décadas, los ciudadanos han soportado el peso de una clase política que se enriqueció a costa de la miseria colectiva. Cristina, con su discurso populista y su habilidad para victimizarse, intentó eternizarse como la salvadora de los pobres, pero la realidad es que sus manos están manchadas con el dinero que nunca llegó a las escuelas, los hospitales o las infraestructuras que tanto prometió. Hoy, la justicia le ha devuelto la verdad a la cara, y esa verdad es implacable.
La reacción tibia de la CGT, que apoyó a Cristina pero descartó un paro general, evidencia la fractura en su propio círculo de poder. Este respaldo a medias no hace más que confirmar que incluso sus aliados saben que su tiempo se acabó. La expresidenta, que durante años utilizó a los sindicatos como arietes contra la oposición, ahora se encuentra sola, con un respaldo que se desvanece como humo. Es un reflejo de cómo su corrupción ha erosionado cualquier legitimidad que alguna vez pudo haber tenido.
Cristina ha intentado, una y otra vez, deslegitimar a la justicia, acusándola de ser un instrumento de persecución política. Pero este fallo no es un ataque, sino el resultado de pruebas irrefutables: documentos, testigos y un patrón de conducta que no deja lugar a dudas. Su estrategia de victimización, tan efectiva en el pasado, choca ahora contra un muro de evidencia que ningún relato puede derribar. La inhabilitación perpetua para cargos públicos es, además, un golpe maestro: le quita la posibilidad de seguir saqueando al país desde un escritorio oficial.
El pueblo argentino, que ha sufrido crisis económicas, inflación descontrolada y un deterioro institucional en gran parte atribuible a los años kirchneristas, merece este acto de justicia. Cristina no es una mártir, como ella y sus fieles intentan pintar; es una figura que representó lo peor de la política: el abuso, la opacidad y la traición a los que juró servir. Este veredicto es un mensaje claro: nadie está por encima de la ley, ni siquiera quien se creyó intocable.
La condena también abre una puerta a la esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, se vislumbra la posibilidad de un cambio real, donde la responsabilidad prevalezca sobre los pactos de impunidad. Cristina y su círculo cercano deberán rendir cuentas, y esto podría ser el inicio de una purga más amplia de la corrupción enquistada en el sistema. Sin embargo, la lucha no termina aquí; sus seguidores, con su maquinaria mediática, intentarán revertir este avance, pero el pueblo ya no está dispuesto a tragarse más cuentos.
En conclusión, la condena de Cristina Fernández de Kirchner es un paso histórico hacia la restauración de la confianza en las instituciones argentinas. Es un acto de justicia para un pueblo que ha sido traicionado por demasiado tiempo. Que esta sentencia sea el comienzo del fin para los corruptos que aún campan a sus anchas, y que sirva como advertencia: el saqueo tiene un límite, y ese límite lo marca la voluntad de un país harto de ser cómplice de sus propios ladrones.
