Ochenta propiedades de CFK, de sus hijos y de Lázaro Báez, es decir, todas de CFK, van a pasar a manos del Estado. Que podrá disponer de ellas para ver si logra acercarse, con el fruto de su venta, al monto que los jueces establecieron que ella y los demás condenados debían devolver para reparar el daño provocado cuando saquearon los fondos destinados a obras de vialidad, y los utilizaron, entre otras cosas, para acumular esa montaña de propiedades.
La resolución se suma al inicio del juicio por los Cuadernos y las decisiones de otros tribunales contra De Vido y Alberto Fernández para pintar un cuadro bastante negro para la dirigencia kirchnerista.
Sus seguidores más fieles seguirán insistiendo hasta el final en que son todos inocentes (aunque en el caso de Alberto más bien prefieren silbar bajito). Y víctimas de una persecución, fruto de su supuesta audacia para gobernar “contra los poderosos”. Aunque el argumento queda bastante devaluado cada vez que aparece la expresidenta en estos días compartiendo el banquillo con una nutrida representación del poder económico más concentrado.
Un problema doble
Como sea, el problema para el kirchnerismo es doble porque justo cuando le llegan estas malas nuevas de la Justicia está fracasando redondamente su apuesta por hacer naufragar el intento de abandonar el glorioso “modelo económico K”. Lo que Cristina sabe muy bien, en caso de funcionar, va a terminar de deslegitimar su proyecto político.
Porque si, finalmente, a la economía y a la sociedad argentinas les fuera mejor con políticas diametralmente distintas a las suyas, se terminaría de comprobar que la enorme acumulación de poder y dinero que los Kirchner y sus socios realizaron en las últimas dos décadas, e intentaron por todos los medios volver permanente, significó para el resto de los argentinos un enorme desperdicio de tiempo y esfuerzos.
Y el problema es que este otro “costo K”, el de su proyecto fallido de economía cerrada, hiperregulada y políticamente digitada, íntimamente vinculado, por otro lado, con la práctica sistemática de la corrupción, es ya a esta altura indisimulable.
¿Qué fue peor, la corrupción kirchnerista o la política económica kirchnerista?
En verdad, fueron inescindibles una de la otra. Así que ambos costos son un mismo costo. Porque el sistema de control político de las actividades económicas de los particulares, que el kirchnerismo fue tejiendo y expandiendo a medida que se consolidó en el poder, en el caso de las empresas incluía como una pieza fundamental establecer la titularidad gubernamental de todas las oportunidades que se presentaran para hacer negocios y acumular capital.
Por eso la corrupción kirchnerista no suponía una exacción puntual de recursos, sino más bien una participación regular en la rentabilidad empresarial. Y era parte esencial de las mismas reglas económicas impuestas, no una simple “desviación” o “degradación” de las mismas.
Vistas así las cosas, se puede entender mejor la dimensión del daño provocado: el kirchnerismo significó una descomunal operación para retrotraer las cosas en nuestro país al patrimonialismo precapitalista, propio de sistemas extractivos semifeudales, haciendo que las áreas más desarrolladas, pluralistas y competitivas de la economía y la sociedad se parecieran más y más a las más primitivas, subdesarrolladas y estancadas. Y lo cierto es que en cierta medida lo consiguió.
Ochenta propiedades, por más grandes que sean, no van a compensar ni por asomo semejante perjuicio.
Autor: Marcos Novaro
