En las últimas semanas se viralizó en redes sociales el malestar de pescadores locales por una contradicción insólita: mientras que la reglamentación provincial de pesca no establece restricción horaria en el dique Cabra Corral, la normativa municipal sí limita el uso nocturno del puente sobre el embalse. Un ejemplo menor en apariencia, pero que expone un problema de fondo mucho más grave: la descoordinación, la falta de criterio técnico y la desidia con que se manejan las políticas de ambiente en Salta.
La política ambiental vigente puede resumirse en una sola frase: “Do Nothing” —el no hacer nada—. Una estrategia que, lejos de ser inocente, está asociada a la incapacidad y a la falta de formación de los funcionarios responsables del área. La conducción ambiental de la provincia, a cargo de la Secretaría de Ambiente y del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, parece haberse consolidado en las últimas décadas como un espacio donde el profesionalismo es mala palabra. Y aunque la tendencia viene de hace 30 años, en los últimos tiempos se ha profundizado hasta niveles alarmantes.
Mientras el mundo discute cómo enfrentar la crisis climática y la pérdida acelerada de biodiversidad, Salta continúa atrapada en un círculo vicioso de improvisación, inacción y negación. El contraste con lo que debería ser una gestión ambiental moderna es brutal, hasta el punto tal que provincias vecinas que históricamente fueron más precarias, hoy ya nos superaron por varios cuerpos respecto a planificación e inversión medioambiental.
El “know-how” que Salta no quiere
El concepto de know-how hace referencia al saber hacer, ese conjunto de conocimientos, habilidades y experiencias prácticas que permite a una persona u organización desenvolverse con eficiencia en un campo específico. No se trata de teorías aprendidas en manuales, sino de la destreza que se adquiere en la práctica, de la capacidad de responder con precisión en escenarios complejos.
En términos ambientales, contar con know-how significa tener equipos técnicos capaces de diseñar políticas basadas en evidencia, monitorear especies amenazadas, gestionar áreas protegidas, regular actividades extractivas y prever riesgos como incendios o sequías prolongadas. Es, ni más ni menos, la diferencia entre prevenir el colapso de un ecosistema y asistir como espectadores a su degradación.
Sin embargo, en nuestra provincia se ha evitado sistemáticamente incorporar y respaldar a profesionales con trayectoria y formación específica en conservación, ecología o manejo ambiental. El resultado es un estado que, en lugar de operar como un cirujano de precisión, actúa como un simple curandero frente a un paciente en estado crítico.
Un paciente en emergencia
Si pensamos al ambiente como un paciente en una sala de urgencias, la metáfora se vuelve clara: los humedales altoandinos, las yungas, los bosques chaqueños y los ríos de montaña son organismos debilitados, con signos vitales comprometidos. La biodiversidad de la provincia está en emergencia, pero quienes deberían estabilizarla carecen de la preparación y las herramientas necesarias.
El resultado está a la vista: especies amenazadas sin planes de manejo, incendios forestales sin control, caza y pesca sin regulaciones basadas en datos científicos, áreas protegidas que existen solo en el papel y comunidades locales desprotegidas ante la degradación de sus recursos.
El caso del dique Cabra Corral ilustra la magnitud del problema: ni siquiera existe coordinación para regular un recurso con potencial económico y social tan evidente como la pesca deportiva. Las contradicciones normativas generan incertidumbre en los usuarios, deslegitiman a las autoridades y erosionan la confianza de la sociedad en las instituciones.
La política de los milagros
El mayor riesgo de esta política de “no hacer nada” es que se ha convertido en una forma de gestión: dejar que los problemas se resuelvan por su propio peso, confiar en que la naturaleza —o el azar— arreglen lo que la planificación y la gestión deberían atender. Una política que, en los hechos, es una renuncia al deber de proteger el patrimonio natural de la provincia.
Hoy Salta necesita abandonar de manera urgente esa política de brazos cruzados y apostar por el know-how. Incorporar profesionales, respaldar la ciencia local, articular con las comunidades y diseñar estrategias basadas en evidencia. De lo contrario, la biodiversidad continuará agonizando en manos de quienes, en lugar de médicos de urgencias, se comportan como simples chamanes o curanderos.
