Un amplio operativo judicial se llevó adelante en el hospital Enrique Romero de El Quebrachal, en el sur de Salta, en el marco de una causa federal que investiga presuntas irregularidades en la emisión de certificados médicos de discapacidad. Los procedimientos también alcanzaron consultorios privados y domicilios particulares en distintas localidades de la región.
La investigación apunta a determinar si existió un esquema organizado para la confección y utilización de documentación médica presuntamente irregular, utilizada luego para tramitar pensiones por discapacidad y otros beneficios sociales financiados por el Estado nacional.
De acuerdo a los primeros elementos que analiza la Justicia Federal, algunos de estos certificados habrían sido emitidos fuera del ámbito hospitalario, con el uso de sellos y documentación vinculada al hospital local, lo que abrió la sospecha de un posible circuito paralelo de emisión de constancias médicas.
El operativo no se limitó a El Quebrachal. También se realizaron allanamientos en Joaquín V. González y en la localidad de Gaona, además de procedimientos en el barrio Los Cardones, donde se secuestró material vinculado a la causa y se revisaron domicilios particulares de profesionales de la salud.
En algunos casos, los procedimientos incluyeron la presencia de fuerzas federales que acompañaron las medidas ordenadas por la Justicia, con traslados y controles en distintos puntos del operativo. El despliegue generó atención en la comunidad local por la magnitud de las acciones simultáneas.
Uno de los ejes centrales de la investigación es establecer si existía un circuito económico detrás de estas gestiones, es decir, si los certificados habrían sido emitidos a cambio de pagos u otro tipo de contraprestaciones, lo que agravaría la situación judicial de los involucrados.
La causa busca además identificar responsabilidades individuales dentro del sistema de salud y determinar si hubo participación de personal médico o administrativo en la eventual confección de documentación apócrifa o irregular.
Por el momento, la investigación continúa bajo estricto hermetismo judicial, mientras se analizan los elementos secuestrados durante los allanamientos. No se descartan nuevas medidas en los próximos días, en una causa que podría tener derivaciones más amplias en el sistema de pensiones por discapacidad en la provincia de Salta.
