La conducción del Servicio Penitenciario provincial tomó una decisión contundente en las últimas horas: apartó de su cargo a la directora de la Unidad Carcelaria N°7 de Cerrillos, conocida como la Granja Penal, luego de que se conocieran graves irregularidades en el manejo de internos. La funcionaria, una alcaide mayor con años dentro de la fuerza, quedó en el centro de la polémica al quedar expuesto que utilizaba a personas privadas de la libertad para realizar tareas de índole estrictamente personal.
La información que comenzó a circular internamente y luego se hizo pública mostró una escena tan llamativa como preocupante: internos saliendo del perímetro de la unidad penitenciaria para realizar trabajos de mecánica y mantenimiento sobre vehículos particulares que pertenecerían a la ahora exdirectora. El episodio generó un fuerte sacudón puertas adentro del sistema carcelario salteño y aceleró una decisión que, según trascendió, ya estaba en análisis desde hacía un tiempo.
No se trató de un hecho aislado ni de una simple infracción administrativa. De acuerdo a los datos que se conocieron, los internos seleccionados para estas tareas eran personas con buena conducta y próximas a cumplir su condena o a acceder a algún beneficio de salidas transitorias. Justamente ahí radica uno de los puntos más delicados del caso: las salidas del complejo penitenciario habrían sido otorgadas bajo un criterio discrecional, ligadas a favores personales, algo que va en contra de toda normativa vigente en materia de ejecución de la pena.
Las tareas encomendadas no se limitaban al lavado de autos o a arreglos menores. También incluían trabajos de mecánica más complejos y hasta labores de albañilería en un domicilio particular. Es decir, se habría montado una dinámica en la que los internos pasaban a ser mano de obra para resolver cuestiones privadas de una autoridad penitenciaria, un uso absolutamente incompatible con la función pública que le había sido asignada.
En Salta, como en el resto del país, el régimen penitenciario establece de manera clara que el trabajo de los internos debe estar orientado a la reinserción social, con fines formativos, productivos o educativos, y siempre dentro de marcos regulados. La utilización de personas privadas de la libertad para beneficios personales no solo viola esas reglas, sino que también reproduce prácticas de abuso de poder que el sistema dice querer erradicar.
El caso dejó al descubierto una zona gris que muchas veces se comenta en voz baja dentro de las cárceles, pero pocas veces sale a la superficie con pruebas tan concretas. El manejo de premios, castigos y beneficios es una de las herramientas más sensibles dentro de una unidad penal. Cuando ese poder se ejerce sin controles claros, el riesgo de arbitrariedades es alto y termina afectando tanto a los internos como a la credibilidad de la institución.
La remoción de la directora fue inmediata. En su lugar asumió de forma provisoria otro alcaide mayor, con el objetivo de normalizar el funcionamiento de la Granja Penal y llevar tranquilidad tanto al personal como a la población carcelaria. Sin embargo, la salida de la funcionaria no cerró el tema. Por el contrario, abrió una serie de interrogantes sobre los controles internos, las responsabilidades de la cadena de mando y la posible existencia de prácticas similares en otras dependencias del Servicio Penitenciario de Salta.
Por estas horas, se espera que se avance con actuaciones administrativas para determinar con precisión el alcance de las irregularidades. No se descarta que, a partir de esas conclusiones, el caso pueda escalar a una instancia judicial si se considera que hubo delitos vinculados al abuso de autoridad o al incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el ámbito penitenciario reconocen que el episodio dejó una marca y obligó a revisar procedimientos que, en la rutina diaria, muchas veces pasan inadvertidos.
Más allá de la responsabilidad individual, el episodio vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo: cómo se ejerce el poder dentro de las cárceles y qué mecanismos existen para evitar que se convierta en un terreno fértil para favoritismos, aprietes o intercambios informales. Los internos dependen casi por completo de las decisiones de las autoridades para acceder a derechos que están contemplados por la ley. Cuando esas decisiones se distorsionan, el sistema pierde legitimidad.
En Cerrillos, la Granja Penal cumple un rol clave dentro del esquema penitenciario provincial, con un perfil orientado al trabajo y a la reinserción. Justamente por eso, el impacto del escándalo fue mayor. La utilización de internos para tareas privadas no solo contradice ese espíritu, sino que también expone a la institución a cuestionamientos que exceden lo administrativo y se meten de lleno en lo ético.
Desde el Gobierno provincial evitaron declaraciones rimbombantes, pero el mensaje interno fue claro: la situación no pasó desapercibida y ameritó una decisión rápida. En un contexto donde la seguridad y el funcionamiento de las cárceles suelen estar bajo la mirada pública, cualquier desvío en la conducta de quienes tienen la responsabilidad de conducirlas genera un daño difícil de revertir.
Mientras se aguardan definiciones sobre el futuro administrativo y judicial del caso, la remoción de la directora marca un antes y un después en la Unidad Carcelaria N°7. También deja una advertencia para todo el sistema penitenciario salteño: los internos no son moneda de cambio ni recursos personales, y el ejercicio de la autoridad tiene límites claros que no pueden ser cruzados sin consecuencias.
Fuente: El Caudillo
