El exintendente de Coronel Juan Solá (Morillo), Atta Gerala, deberá enfrentar un juicio oral acusado de integrar una organización dedicada al robo sistemático de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas, su posterior contrabando hacia Bolivia y el pago de sobornos para garantizar la impunidad del circuito delictivo. La causa, que sacudió a la política del norte salteño, ya dejó condenas firmes, entre ellas la de su hijo, Miguel Gerala, sentenciado a seis años de prisión.
La elevación a juicio fue dispuesta tras dos audiencias realizadas a comienzos de diciembre, en las que la Justicia homologó acuerdos de juicio abreviado para algunos de los imputados y resolvió que el exjefe comunal y un efectivo policial provincial deberán responder en un debate oral por la gravedad y complejidad de los hechos. Según la acusación, el entramado ilegal funcionó durante meses en una extensa franja del chaco salteño, aprovechando la falta de controles, la cercanía con la frontera y el uso de recursos públicos.
Miguel Gerala, hijo del exintendente, fue condenado como coautor de contrabando agravado, cohecho activo y robo agravado en despoblado y en banda. La pena de seis años de prisión también alcanzó a un comerciante de Orán que actuó como engranaje clave para la comercialización y el traslado del material robado, quien además fue inhabilitado para ejercer el comercio durante cinco años. A su vez, un suboficial de Gendarmería Nacional recibió una condena de dos años de prisión en suspenso por haber facilitado el paso de los cargamentos ilegales.
En contraste, la situación judicial de Atta Gerala quedó fuera de cualquier acuerdo. La Justicia consideró admisible la acusación en su contra por contrabando triplemente agravado, robo agravado y malversación de caudales públicos, delitos que, de ser probados, podrían derivar en una condena de hasta once años de prisión. La misma resolución alcanzó a un oficial de la Policía de la Provincia de Salta, acusado de cobrar coimas para liberar zonas y permitir el saqueo de las vías férreas.
La investigación se inició a partir de una denuncia que, en principio, parecía ajena al ferrocarril. En agosto de 2024 se detectó el envío sospechoso de una gran cantidad de neumáticos, lo que permitió reconstruir una red de contrabando que operaba entre Salta y Bolivia. El seguimiento de esas maniobras derivó en el hallazgo de un circuito mucho más lucrativo: la exportación ilegal de rieles pertenecientes al ramal C-25 del Belgrano Cargas, un patrimonio estratégico del Estado nacional.
Las pesquisas revelaron que los rieles eran sustraídos en distintos puntos del departamento Rivadavia, entre Padre Lozano, Pluma de Pato, Dragones y Morillo. El material era desmontado en zonas rurales, muchas veces durante la noche, y trasladado a galpones en la ciudad de Orán, desde donde se organizaba su salida del país por pasos no habilitados.
De acuerdo con la causa, Miguel Gerala se presentaba como el principal proveedor de los rieles y alardeaba de contar con una estructura aceitada para el saqueo. Para las tareas de extracción se contrataba a integrantes de comunidades originarias del chaco salteño, quienes cobraban sumas de dinero por cada jornada de trabajo. En esas maniobras se utilizaron herramientas, maquinarias y hasta una camioneta perteneciente al municipio que gobernaba su padre, un dato que reforzó la imputación por malversación de bienes públicos.
El rol del exintendente aparece, según la acusación, como central para garantizar el funcionamiento del esquema. No solo por el uso de recursos municipales, sino también por la influencia política que le permitía evitar controles y resolver inconvenientes en el camino. Parte de los rieles robados fueron encontrados en predios municipales y en su domicilio particular, donde se secuestró material valuado en millones de pesos durante los allanamientos realizados en noviembre.
La connivencia de fuerzas de seguridad fue otro de los puntos clave del expediente. La investigación sostiene que un oficial de la Policía de Salta se encargaba de “liberar la zona” mientras se realizaban los robos, una tarea que requería varias horas y una logística visible. En uno de los procedimientos, incluso, un chofer detenido con un camión cargado de rieles aseguró haber sido contratado directamente por Atta Gerala.
El tramo final del circuito delictivo incluía el cruce hacia Bolivia a través de una finca privada lindante con la frontera. Allí entraba en escena el gendarme condenado, cuya función era despejar la ruta y garantizar que los camiones circularan sin ser interceptados. La prohibición vigente para exportar material ferroso agravó aún más la situación penal de los implicados.
Para la Justicia, el caso expone una estructura organizada que operó durante meses con roles definidos, aprovechando la vulnerabilidad territorial del norte provincial y el peso político del entonces intendente. Atta Gerala fue destituido de su cargo en noviembre de 2024, pocos días después de ser formalmente imputado, pero su situación judicial recién ahora ingresará en la etapa decisiva.
El juicio oral, que estará a cargo de un tribunal colegiado, será clave para determinar el grado de responsabilidad del exjefe comunal y del policía acusado. Mientras tanto, las condenas ya dictadas marcan un precedente fuerte en una causa que puso bajo la lupa el saqueo del patrimonio público, el contrabando en la frontera norte y la corrupción enquistada en estructuras de poder local.
