Tras años de angustia, el pueblo ava guaraní de Churqui pudo finalmente celebrar en las serranías de General Mosconi.
La jueza Minerva Tárraga Gutiérrez, de Tarija, declaró su incompetencia para juzgar a ocho miembros de la comunidad por hechos que, según las pruebas, ocurrieron en territorio argentino. El fallo pone fin a un proceso penal que había puesto a los originarios en el banquillo por defender sus tierras ancestrales.
Natalí Vásquez, cacique de Churqui y una de las imputadas, no ocultó la emoción. “Fueron muchos años de angustia e impotencia, pero al fin la verdad quedó a la vista de todos”, dijo después de poder abrazar a sus hijos sin el temor constante de tener que dejarlos solos para conectarse a una videoconferencia desde la frontera. Durante todo este tiempo, la comunidad vivió bajo la amenaza de órdenes de detención libradas desde el sur de Bolivia.
Las pruebas presentadas por la abogada Ruth Delia Durán fueron contundentes. Documentación oficial de la Cancillería boliviana y del Instituto Nacional de Reforma Agraria confirmó que las coordenadas de los supuestos daños se corresponden con suelo argentino. La llamada “Isla Valle Dorado”, que algunos cañeros de Bermejo reclamaban como propia, simplemente no existe en territorio tarijeño.
El conflicto se arrastra desde hace dos décadas. Cañeros bermejeños avanzaron sobre una lonja fronteriza de 86 kilómetros en el departamento San Martín, en Salta. Hoy se estima que unas 2.000 hectáreas de territorio argentino fueron invadidas, deforestadas y convertidas en plantaciones de caña. Cada zafra, decenas de miles de toneladas cruzan de contrabando hacia un ingenio de Bermejo.
La comunidad de Churqui está entre las más afectadas. Hombres, mujeres y jóvenes que intentan frenar el avance son corridos con machetes y amenazados con armas de fuego. Una de las figuras que impulsó la denuncia penal en 2020 fue Horacio Cruz Castro, referente de los cañeros del lado boliviano. El proceso por “daños calificados” llegó a poner en riesgo incluso la soberanía argentina.
“Por defender nuestro territorio nos persiguieron y hasta nos impidieron acceder a alimentos y atención médica, porque nuestra única salida es por Bolivia”, recordó Natalí Vásquez. La intransitabilidad de la ruta provincial 144 obliga a muchos pobladores, docentes y agentes sanitarios a hacer rodeos por caminos del país vecino, una situación que sigue sin resolverse del todo.
Ayer, sin embargo, fue día de celebración y agradecimientos en Churqui. La cacique destacó el acompañamiento de funcionarios nacionales y locales que se hicieron presentes o siguieron la audiencia. Entre ellos, la directora nacional de Control y Vigilancia de Fronteras, Virginia Cornejo; el diputado nacional Julio Moreno; la cónsul en Tarija, María Luz Melon; la concejal de General Mosconi, Roxana Gauna; y el abogado del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Miguel Casimiro.
Con la declaración de incompetencia, el proceso penal quedó suspendido. Quedó en evidencia que juzgar a ciudadanos argentinos por hechos ocurridos en suelos de Salta no solo era un absurdo jurídico, sino que podía haber derivado en un serio roce diplomático entre ambos países.
Virginia Cornejo subrayó que ahora se abre una nueva etapa. “Se ha articulado un apoyo decidido desde los organismos nacionales para cuidar y proteger a los ciudadanos argentinos que viven en las fronteras del río Tarija, garantizar su seguridad y acompañar sus reclamos. Esta tarea debe continuar con una decisión clara”, afirmó.
En la misma línea, el diputado Julio Moreno remarcó que el conflicto no termina con el fallo de Tarija. “Tenemos que acabar con el contrabando y afianzar nuestros compromisos de soberanía en nuestro territorio”, expresó. Para la comunidad ava guaraní de Churqui, el alivio es real, pero la lucha por recuperar y proteger las tierras usurpadas apenas comienza.
Con información de El Tribuno
