Ayer, en una jornada judicial que se extendió durante todo el día, el hombre de 38 años acusado de abusar sexualmente de su hija de tres años y de su expareja, finalmente enfrentó la justicia. Tras cinco años de espera, Yanela Barrios, madre de la niña Dulce y víctima del mismo agresor, recibió una medida que trae un alivio para su familia y para todas las organizaciones que luchan contra la violencia sexual en Salta.
El veredicto, dictado por el juez Leonardo Gabriel Feans junto con los jueces Javier Araníbar y María Víctoria Montoya Quiroga, impuso una pena de doce años de prisión efectiva al acusado. Los cargos incluyen abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, cometido contra su hija, y abuso sexual con acceso carnal continuado, en perjuicio de su expareja. Además de la condena, el agresor fue privado de su responsabilidad parental respecto de la menor afectada.
El caso, conocido como el de la "Niña Dulce" para proteger la identidad de la víctima, ha sido un largo peregrinar para Yanela Barrios, quien además de lidiar con la violencia sufrida por parte del agresor, tuvo que enfrentar la revictimización por parte del sistema judicial salteño y logró erigirse, junto a otras mujeres, como parte de un movimiento de madres protectoras. Durante la espera del juicio, Barrios denunció la falta de apoyo y la liberación del agresor debido a presuntas influencias familiares en el sistema judicial.
La periodista Teresita Frías, que cubrió el caso íntegramente, señaló a Agenda/Salta la necesidad urgente de acelerar los tiempos judiciales en casos de abuso sexual infantil. En una entrevista, Frías destacó “la importancia de establecer condenas ejemplificadoras” para disuadir a los agresores y evitar que permanezcan en libertad durante años mientras esperan juicio. También enfatizó “la necesidad de reformar el código penal” y garantizar que las leyes se apliquen adecuadamente para evitar la impunidad en casos de violencia sexual.
Este caso, aunque marca un paso hacia la justicia, subraya la urgente necesidad de reformar el sistema judicial y legislativo para brindar protección efectiva a las víctimas de abuso sexual y garantizar que los agresores enfrenten consecuencias proporcionales a la gravedad de sus delitos.
