Tres hombres fueron condenados por delitos vinculados a la administración de justicia en un caso que involucró pagos indebidos a magistrados, acceso a información reservada y maniobras para alterar investigaciones judiciales. El abogado Roberto Ortega Serrano, el exfuncionario Héctor Manuel Alderete y el exintendente Carlos Alfredo Martínez aceptaron su responsabilidad en distintos hechos de cohecho y violación de secretos durante un juicio abreviado en Orán.
Ortega Serrano recibió una pena de dos años y seis meses de prisión condicional, mientras que Martínez fue condenado a un año y dos meses de cumplimiento efectivo, con inhabilitación por cuatro años para ocupar cargos públicos. Alderete, en tanto, quedó con dos años y ocho meses de prisión condicional y con inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.
Durante la investigación, se comprobó que Ortega Serrano pagó dádivas a un magistrado y a su secretario para obtener beneficios procesales indebidos para sus clientes, incluyendo la detención domiciliaria de un acusado de tentativa de femicidio y la liberación de un prófugo vinculado a un homicidio. Además, accedió a expedientes judiciales de manera indebida, compartiendo información confidencial sobre allanamientos y declaraciones de testigos a través de WhatsApp, lo que permitió anticiparse a medidas fiscales y modificar investigaciones.
Martínez reconoció haber recibido y difundido información confidencial sobre la investigación del crimen de su hermano, aprovechando los datos para manipular dispositivos electrónicos y presionar a testigos. Por su parte, Alderete admitió haber actuado como intermediario para canalizar los pagos a los magistrados involucrados.
Los tres condenados habían permanecido con prisión preventiva durante más de un año, debido al riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecer la investigación. Ahora, tras la sentencia, resta juzgar a Claudio Alejandro Parisi, destituido de su cargo de juez y detenido, y al secretario letrado, quien cumple prisión domiciliaria, ambos acusados de delitos similares y que optaron por un juicio oral y público.
El caso puso en evidencia cómo maniobras ilegales en el sistema judicial pueden favorecer a imputados en causas graves y alteran la confianza en las instituciones. La justicia busca ahora completar el proceso con los otros imputados, mientras se refuerza el control sobre el manejo de información reservada y la conducta de funcionarios públicos y abogados.
