La justicia salteña condenó a Pablo Federico Anze, exempleado del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS), por haber cometido múltiples delitos vinculados con la defraudación a la administración pública. El fallo fue dictado por la jueza María Gabriela González, quien homologó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre las partes y le impuso tres años de prisión en ejecución condicional, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones en el sector público relacionadas con el manejo de dinero o atención al público.
Anze deberá también restituir $1.300.000 al IPSS en concepto de resarcimiento económico, tras haberse acreditado que cobró sumas de dinero a afiliados sin registrarlas en la contabilidad oficial del organismo.
La causa fue impulsada por la Fiscalía Penal de Delitos Económicos Complejos, a cargo de Ana Inés Salinas Odorisio, quien representó al Ministerio Público Fiscal durante el proceso. En la investigación se comprobó que el condenado, en su rol de jefe del área de Derivaciones, solicitaba pagos en efectivo a afiliados bajo el pretexto de realizar gestiones administrativas o abonar coseguros, asegurando que él mismo se encargaría de registrar los montos en el sistema. Sin embargo, las pericias contables confirmaron que ese dinero nunca ingresó a las arcas del IPSS, generando un perjuicio económico directo a la obra social provincial.
En total, el fallo reconoció 42 hechos de fraude a la administración pública, además de los delitos de concusión y falsificación de instrumento público en 10 hechos, todos en concurso real.
Uno de los episodios más graves ocurrió en octubre de 2020, cuando Anze exigió a una afiliada 2.000 dólares en concepto de coseguro para el uso del avión sanitario provincial. El acusado le entregó una factura apócrifa que pretendía simular un pago oficial, a pesar de que dicho servicio no requería ningún desembolso económico por parte de los beneficiarios.
La investigación también determinó que Anze falsificó una factura y adulteró nueve comprobantes de pago, con el fin de justificar movimientos inexistentes dentro del sistema contable del IPSS. Estas maniobras fueron detectadas tras un exhaustivo control interno y auditorías realizadas por personal del organismo, que derivaron en la denuncia penal.
Durante el proceso judicial, el acusado reconoció su responsabilidad en los hechos imputados, lo que permitió avanzar en un juicio abreviado y evitar la continuidad de un debate oral extenso. Aun así, la jueza González consideró que la conducta de Anze representó un serio atentado contra la confianza pública y el correcto funcionamiento del Estado.
El fallo establece que el condenado no podrá volver a ocupar cargos públicos que impliquen manejo de fondos, ni desempeñarse en tareas vinculadas a la atención al público en ninguna dependencia estatal. Además, deberá cumplir con las condiciones propias de la ejecución condicional de la pena, que incluyen la obligación de fijar domicilio y someterse al control del tribunal durante el período establecido.
El caso generó un fuerte impacto dentro del IPSS, ya que el área en la que se desempeñaba el acusado tenía contacto directo con los afiliados que requerían derivaciones médicas y gestiones administrativas. Desde la institución, se trabaja en reforzar los mecanismos de control y transparencia interna para evitar que se repitan situaciones similares.
La condena sienta un precedente importante en materia de responsabilidad penal dentro de la administración pública provincial, al tratarse de un funcionario que utilizó su cargo para beneficio personal, en perjuicio de la confianza de los afiliados y de los recursos del Estado.
Con la sentencia firme, Pablo Federico Anze deberá afrontar no solo el reintegro económico ordenado por la justicia, sino también la pérdida definitiva de su carrera dentro del ámbito estatal. La resolución fue celebrada como un paso más en la lucha contra la corrupción administrativa en Salta, y como una señal clara de que este tipo de conductas no quedarán impunes.
