Un hombre de 35 años fue condenado en Salta tras admitir que lesionó a su expareja en reiteradas ocasiones, a pesar de tener medidas cautelares vigentes que buscaban proteger a la mujer. La Justicia le impuso una pena de un año de prisión en suspenso, además de reglas estrictas de conducta y la obligación de someterse a tratamiento psicológico y por adicciones durante dos años.
El caso, que expone una vez más la problemática de la violencia de género en la provincia, llegó a juicio abreviado luego de que la auxiliar fiscal María Virginia Bortolotto, en representación del Ministerio Público Fiscal y bajo directivas del fiscal penal 2 de Violencia Familiar y de Género, Federico Portal, presentara la acusación por lesiones leves agravadas por la relación de pareja y el género.
Según consta en la denuncia, la víctima, expareja del acusado con quien compartió una relación de diez años y tiene tres hijos en común, sufrió un nuevo episodio de violencia el pasado 6 de julio. Mientras descansaba, el hombre le arrebató el teléfono celular y luego de una discusión la agredió con una cachetada. Aunque se retiró por un momento, al volver la situación empeoró: la insultó y arrojó el celular al suelo.
El daño al teléfono impidió que la mujer pudiera activar el botón antipánico a través de la aplicación diseñada para casos de emergencia. Inmediatamente después, el agresor continuó la violencia con golpes de puño y patadas. Gracias a la intervención de una familiar que entró a la habitación tras escuchar los gritos, la víctima logró escapar junto a sus hijos y pedir ayuda.
El antecedente judicial que complicó la situación del agresor se remonta a octubre de 2024, cuando ya había sido notificado de las medidas cautelares dictadas por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 1. Estas restricciones se establecieron luego de un episodio violento ocurrido el 21 de noviembre de ese año, cuando la mujer fue atacada mientras se encontraba en un consultorio médico.
En esa oportunidad, el hombre la amenazó por teléfono y, al regresar a su casa, la esperó en estado de ebriedad acompañado por dos de sus hijos menores. Antes de que ella pudiera ingresar, la tomó del cabello a través de una ventana y le propinó un puñetazo en el ojo derecho. Al abrir la puerta, las agresiones físicas continuaron.
Tras estos hechos, el juez Pablo Zerdán recibió la confesión del acusado y decidió imponerle la condena con ejecución condicional, sumada a una serie de reglas de conducta para garantizar la protección de la víctima y sus hijos. Entre las medidas ordenadas, se encuentra la obligación de iniciar un tratamiento psicológico y uno específico para tratar las adicciones que padece.
Este fallo refleja el compromiso de la Justicia salteña en atender y sancionar la violencia de género, aunque el camino para erradicar estas situaciones sigue siendo largo y complejo. La comunidad reclama cada vez con más fuerza políticas públicas integrales y efectivas para proteger a las víctimas y prevenir estos hechos.
Mientras tanto, la familia de la mujer continúa recibiendo asistencia y acompañamiento para superar el trauma que deja la violencia doméstica, un problema que afecta a muchas mujeres en Salta y el país.
