El exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza, quedó definitivamente fuera de la vida política y de cualquier cargo dentro del Estado tras la confirmación de su condena por parte del Tribunal de Impugnación de Salta. En una audiencia realizada este lunes, la Sala IV resolvió ratificar la pena de inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, junto con la condena a tres años de prisión de ejecución condicional, por delitos cometidos durante su paso por la intendencia.
La decisión judicial cierra una etapa clave del proceso y deja firme una de las sanciones más severas que puede recibir un exfuncionario en la provincia: la imposibilidad de volver a ocupar cualquier función pública, ya sea por designación o por elección popular. En los hechos, Gonza queda excluido de manera definitiva del sistema político institucional de Salta.
La inhabilitación perpetua implica además la pérdida de los derechos electorales, tanto para votar como para ser candidato, y la prohibición de acceder a empleos, cargos o comisiones dentro del Estado provincial o municipal. A esto se suma la suspensión del cobro de jubilaciones, pensiones o retiros vinculados a su desempeño como funcionario, cuyos montos, en caso de corresponder, deberán ser destinados a familiares que acrediten legalmente derecho a percibirlos.
El fallo también confirmó la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, una sanción que no implica el cumplimiento efectivo de la cárcel, pero que mantiene antecedentes penales y obligaciones legales para el condenado. La misma pena fue ratificada para el coimputado en la causa, Sergio Armando, quien había recibido una condena similar en instancias anteriores.
En el caso puntual de Gonza, los jueces sostuvieron la pena accesoria de inhabilitación perpetua al considerar que los delitos fueron cometidos en el ejercicio de sus funciones como intendente de San Lorenzo. La condena se apoya en hechos calificados como fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, cometidos en concurso real, una figura que agrava la responsabilidad penal al tratarse de más de un delito independiente.
Según quedó establecido en el proceso, las irregularidades ocurrieron durante su gestión municipal y estuvieron directamente vinculadas al manejo de recursos públicos. La Justicia entendió que existió un uso indebido de bienes y servicios del Estado, lo que generó un perjuicio económico a la administración pública y quebrantó la confianza depositada por la ciudadanía en quien tenía la responsabilidad de conducir el municipio.
La confirmación de la condena marca un precedente relevante en el ámbito judicial y político de la provincia de Salta, especialmente en causas que involucran a exintendentes y funcionarios municipales. En los últimos años, la Justicia salteña avanzó en distintos procesos vinculados a delitos contra la administración pública, con fallos que buscan enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad penal de quienes ocupan cargos de poder.
San Lorenzo, uno de los municipios más cercanos a la ciudad de Salta y de fuerte crecimiento urbano y turístico, fue escenario de esta causa que tuvo impacto tanto a nivel local como provincial. La figura de Gonza fue durante años una referencia dentro de la política municipal, por lo que la ratificación de su condena no pasó desapercibida entre vecinos y actores del ámbito político.
El fallo del Tribunal de Impugnación deja sin margen nuevas discusiones sobre la pena impuesta y consolida lo resuelto en instancias previas. De esta manera, la sentencia adquiere firmeza y establece consecuencias concretas y definitivas para el exjefe comunal, que ya no podrá regresar a la función pública bajo ninguna modalidad.
Desde el punto de vista institucional, la resolución refuerza el rol del sistema judicial en el control de los actos de gobierno y en la sanción de conductas que afectan el correcto funcionamiento del Estado. En una provincia donde la cercanía entre la política y la comunidad es marcada, este tipo de fallos adquiere un fuerte contenido simbólico y social.
La inhabilitación absoluta y perpetua es una pena excepcional que se aplica en casos donde se considera que el daño causado al Estado y a la confianza pública es grave. En este contexto, la Justicia evaluó no solo los hechos probados, sino también la responsabilidad que conlleva ejercer un cargo electivo y administrar recursos que pertenecen a toda la comunidad.
Con esta decisión, Ernesto “Kila” Gonza queda definitivamente apartado de cualquier posibilidad de volver a ocupar un rol dentro del Estado salteño. La causa se convierte así en uno de los antecedentes más contundentes en materia de delitos contra la administración pública en la provincia, y vuelve a poner en agenda el debate sobre la transparencia, el control y la responsabilidad de los funcionarios.
El fallo del Tribunal de Impugnación cierra un capítulo judicial que tuvo un fuerte impacto político y social en San Lorenzo y en Salta, y deja un mensaje claro: el ejercicio de la función pública conlleva obligaciones legales estrictas, cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones severas y permanentes.
