La titular de Rentas de la Municipalidad de Cerrillos, Gabriela Juárez, enfrenta amenazas y una campaña sucia orquestada por un puñado de comerciantes sin papeles y ex funcionarios que se resisten a que se ordene el desastre. Detrás de las clausuras recientes, asoman habilitaciones fantasmas y guita desviada que marcaron gestiones pasadas en esta zona del Valle de Lerma.
En Cerrillos, el Valle de Lerma se sacude con un escándalo que huele a viejo: Gabriela Juárez, la contadora al frente de Rentas en la Municipalidad, levantó la voz contra amenazas directas y una movida mediática que la pinta de persecutora. Todo explotó esta semana con una protesta convocada para el jueves, supuestamente en defensa de tres comercios clausurados por irregularidades graves. Pero, la cosa va mucho más hondo: Juárez asegura que detrás hay una manga de negocios que operaban a la gorra, evadiendo controles sanitarios y fiscales, y que ahora se le rebelan para tapar sus propios trapos sucios.
El detonante fueron inspecciones recientes en barrios como Los Pinares, Santa Rita y Paraíso, donde el municipio de Cerrillos encontró más de cien locales con habilitaciones truchas o directamente inexistentes. Imaginate: decenas de pibes que pusieron la plata por la mesa, pero esa guita nunca llegó a las arcas públicas. En cambio, terminaba en bolsillos de empleados infieles que cobraban "por izquierda" y dejaban los expedientes en blanco, con dos o tres hojitas de nada. Juárez lo dejó claro en una charla con medios locales: "Pagaban por habilitaciones que no se registraban, la plata iba directo a una cartera, no a Rentas. Así anduvimos años en Salta, con comercios volando bajo el radar".
Lo más grave es el perfil de algunos de estos "emprendedores" que ahora lloran persecución. El que lleva la batuta de la manifestación tiene un prontuario que da para una novela negra: denuncias por usurpar un local en Los Pinares, ventas de carne en mal estado –con 148 kilos de podrida decomisados en un allanamiento–, y evasión constante de inspecciones bromatológicas. No es la primera vez que lo clausuran; tiene causas abiertas por todo eso y más. En lugar de arreglarse, arma este show para victimizarse, pero los papeles hablan solos y la Justicia ya tiene el expediente en la mira.
El trasfondo político no se hace esperar. Esta revuelta surge justo cuando el equipo actual de la Municipalidad de Cerrillos arranca auditorías que destapan el desmanejo de gestiones anteriores, llenas de corrupción administrativa. Testigos y documentos respaldan la movida: una red paralela de recaudación que protegía a los amigos del poder, dejando barrios enteros de Salta en la zona gris, sin normas ni seguridad para el vecino. Juárez contó que cesantearon a varios empleados metidos en el baile, y las causas ya están en manos de la Justicia provincial, aunque las resistencias internas no aflojan ni un poquito.
En los últimos meses, el área de Rentas relevó más de 240 comercios en Cerrillos y alrededores, y la mitad ya se puso al día con los papeles en regla. Eso es un avance enorme para poner orden, donde el "vale todo" dejó secuelas en la salud pública y la economía local. Pero el precio es salado: campañas sucias en redes y radios, denuncias falsas que circulan como reguero de pólvora, y amenazas que ahora se extienden a la familia de Juárez. "Cada vez que queremos enderezar el camino, nos tiran con todo. No bancan que les pidamos cumplir la ley, como corresponde en Salta", se sinceró la funcionaria, con ese tono norteño que no se achica.
Mientras la Justicia avanza en las pesquisas por cobros truchos y desvíos de fondos que empañaron el pasado municipal, el municipio insiste en que no hay persecución política, sino un esfuerzo por barrer el descontrol que reinaba antes. En Cerrillos, cuna de tradiciones salteñas y con un movimiento comercial que mueve el alma del Valle de Lerma, este lío pone en jaque la confianza de la gente.
Juárez, con su laburo diario, representa a esa Salta que quiere crecer en serio: sin chorros ni atajos, apostando a la transparencia para que los barrios como Los Pinares o Santa Rita sean lugares seguros y prósperos. Ojalá la Justicia apure, porque el norte no se merece más de estos enredos.
