Carla Cordero, la que alguna vez estuvo al frente del Área de la Mujer en la Municipalidad de Tartagal, se llevó una sentencia de dos años de prisión condicional por defraudar a la administración pública.
El juez la mandó al banco de los acusados después de que ella misma admitiera los hechos en un juicio abreviado, evitando así un debate más largo y pesado. Acá en el norte de Salta, donde la violencia de género pega como un rayo en seco, este caso revuelve las tripas de la gente que confiaba en que esos pesos llegaran a quien más los necesita.
La movida de Cordero era simple pero ruin: ponía como condición para que las mujeres del programa Nacional Acompañar cobraran su ayuda mensual, que le dejaran un porcentaje en la oficina, como si fuera un peaje para salir del pozo. La fiscalía federal, que arrancó con todo pidiendo cuatro años de cana efectiva, tenía pruebas de sobra para bancar la acusación de malversación. Pero con el atajo del abreviado, la pena se achicó, aunque igual deja una mancha negra en su currículum para siempre.
Todo explotó en Tartagal cuando un grupo de mujeres, primero tirando denuncias anónimas y después yendo de frente a la Justicia, soltaron la lengua sobre el chamuyo de la ex directora. Imaginate el quilombo: en un departamento como San Martín, donde el sol quema la piel y la bronca por la violencia intrafamiliar no da tregua, esas denuncias fueron como un baldazo de realidad. El programa Acompañar, que arrancó en tiempos de Alberto Fernández para bancar a víctimas de género –incluidas trans y otras minorías–, se supone que es un salvavidas económico para que no dependan del agresor. Acá, en cambio, se lo picotearon.
No fue solo cosa de Cordero; la Justicia tiene en la mira a otros tres que andaban en la misma: todos por apropiarse de fondos públicos que deberían haber ido directo a las bolsillas de las damnificadas. Mientras ella se hizo cargo y se salvó de la efectiva, una de las imputadas –una piba trans que laburaba de changa en el municipio para esa área– se plantó y dijo que no pintaba nada, negando todo. Por eso, el resto del expediente sigue rodando y se define en un juicio oral el 17 de octubre, con todo el barrio mirando de reojo.
La condena condicional no la manda presa de una, pero sí la ata con reglas de oro: tiene que firmar el libro en la Justicia cada tanto, portarse bien y ni soñar con volver a un cargo público, ni en esta ni en la otra vida. En Salta, donde los índices de violencia contra las mujeres en el norte provincial –según lo que se ve en las calles de Tartagal y alrededores– son de los más altos del país, este tipo de fallos debería ser un cachetazo para que los controles en la guita estatal sean de fierro.
Al final del día, este embrollo no es solo un delito de corbata; es un robo al alma de la región. En el NOA salteño, donde los recursos para combatir la epidemia de violencia de género llegan contados con los dedos, cada peso desviado es un grito ahogado de quien lo esperaba. Casos como este erosionan la fe en las instituciones y complican el laburo de fondo para erradicar un mal que nos carcome desde adentro. Ojalá sirva para que, de una buena vez, la plata llegue limpia y completa a donde tiene que estar.
