La Procuración General de la Provincia dispuso la conformación de una nueva Unidad Fiscal especializada para abocarse exclusivamente a la investigación por la muerte del excomisario Vicente Cordeyro, ocurrida en la localidad de San Lorenzo. Esta decisión marca un giro clave en la causa, que viene generando expectativas y controversias dentro y fuera del ámbito judicial.
La flamante Unidad estará integrada por los fiscales penales Santiago López Soto y Daniel Espilocín, y trabajará bajo la coordinación directa del Fiscal de Impugnación, Ramiro Ramos Ossorio. El cambio se da en un contexto donde la causa exige especial atención institucional, tanto por las implicancias del fallecimiento como por los vínculos personales que han salido a la luz en torno a los protagonistas del caso.
Una de las novedades que acompañan esta medida es el apartamiento del fiscal Gabriel González, quien hasta ahora tenía a su cargo la investigación. González solicitó formalmente su salida de la causa debido a una razón sensible: forma parte del equipo fiscal que lleva adelante el juicio contra los hermanos Saavedra por el femicidio de Jimena Beatriz Salas, y uno de los imputados en esa causa —Adrián Guillermo Saavedra— mantuvo una relación sentimental con una de las hijas del excomisario Cordeyro. De esa relación, además, nació una hija.
La Procuración entendió que esta situación podía generar un conflicto de interés o, al menos, poner en duda la imparcialidad del proceso. Por eso, se aplicó el artículo 77 del Código Procesal Penal, que prevé el apartamiento cuando existen razones fundadas para preservar la objetividad en la actuación del Ministerio Público.
Desde el entorno judicial remarcan que este tipo de decisiones no sólo apuntan a despejar cualquier tipo de sospecha, sino también a fortalecer la confianza de la sociedad en el sistema judicial salteño, particularmente en causas de alto impacto como esta. La investigación por la muerte de Cordeyro no solo toca fibras internas del poder policial, sino que también reaviva vínculos cruzados con otros expedientes complejos, como el ya mencionado caso Salas.
La muerte de Vicente Cordeyro ocurrió en circunstancias que aún no fueron esclarecidas del todo. El excomisario, que supo tener un largo recorrido dentro de la Policía de Salta, falleció en San Lorenzo en un contexto que no tardó en despertar preguntas, tanto por las condiciones del hecho como por el entramado familiar y social que lo rodea. Aunque desde un primer momento se barajaron varias hipótesis, hasta ahora no se ha descartado la posibilidad de que su fallecimiento esté vinculado a un hecho criminal.
Los fiscales López Soto y Espilocín asumen la causa con la responsabilidad de avanzar en una investigación que demanda precisión, reserva y, sobre todo, resultados. La conducción de Ramos Ossorio será clave en esta nueva etapa: el Fiscal de Impugnación viene teniendo un rol cada vez más relevante en las causas de alta sensibilidad en la provincia, y se espera que su presencia garantice un seguimiento riguroso.
En paralelo, fuentes cercanas al Ministerio Público aseguran que se buscará mantener una comunicación prudente con la sociedad, evitando filtraciones que puedan entorpecer el trabajo fiscal o afectar el derecho a defensa de los involucrados. La nueva Unidad tendrá la potestad de tomar medidas urgentes, ordenar pericias, y revisar todo lo actuado hasta ahora, sin descartar líneas investigativas previas pero con libertad para avanzar en nuevas direcciones si fuera necesario.
En los pasillos de Tribunales no pasó desapercibida la decisión de reorganizar el equipo fiscal. Algunos la interpretan como una señal clara de que la Procuración no quiere dejar cabos sueltos en un expediente que podría tener derivaciones mayores. Otros, más cautos, apuntan a que se trata simplemente de una medida de orden interno, pensada para evitar nulidades o cuestionamientos futuros.
Lo cierto es que el caso Cordeyro se ha convertido en una causa testigo sobre cómo se gestiona la justicia penal en Salta cuando hay conexiones personales, vínculos familiares y pasados institucionales que se entrelazan. Y en una provincia donde la Justicia viene siendo objeto de debate público, cada paso que se da en este tipo de causas puede fortalecer —o debilitar— la credibilidad del sistema.
Por ahora, no hay imputados formalizados en el expediente, pero con la nueva Unidad Fiscal a cargo, se espera que las próximas semanas sean decisivas para el rumbo de la causa. La ciudadanía salteña, especialmente en San Lorenzo y alrededores, sigue con atención cada movimiento del Ministerio Público, a la espera de que la verdad salga a la luz y que se haga justicia, sin condicionamientos.
El caso Cordeyro, sin dudas, pone a prueba no sólo la capacidad investigativa de la Fiscalía, sino también su compromiso con los principios democráticos que rigen la administración de justicia en Salta: imparcialidad, transparencia y responsabilidad institucional.
