Beatriz Yapura salió a contar su versión de los hechos. Acompañada por su esposo Clemente Vera, el abogado Roberto Reyes y representantes del CELS y del Innocence Project, la mujer dio una conferencia de prensa cargada de emoción, lágrimas y fuertes cuestionamientos al accionar de la Justicia salteña.
Yapura es la principal referente familiar de uno de los imputados en el emblemático caso del asesinato de las turistas francesas. El episodio que relató ocurrió cuando efectivos policiales se presentaron en su domicilio para cumplir con una orden de extracción de ADN. Lo que para la Fiscalía parecía un trámite rutinario, para ella se convirtió en un momento traumático de forcejeos y gritos.
“Me dijeron ‘tenemos órdenes de llevarla’ y me empezaron a empujar”, recordó entre lágrimas. Según su testimonio, desde el primer momento exigió la presencia de un perito de parte –aunque fuera por videollamada– para garantizar que todo se hiciera con transparencia. Esa solicitud no fue atendida de inmediato, lo que derivó en su decisión de resistirse.
“Lo único que quería era que esté el perito de parte. Nadie salió a explicarme nada. Todo fue por la fuerza”, insistió. Contó que la arrastraron hasta el lugar donde pretendían realizar la extracción y que recién después de su resistencia alguien le comunicó que la medida quedaba suspendida. “Me dijeron que me vaya a mi casa y que no se iba a hacer”, relató.
La mujer describió un estado de profunda alteración emocional. “Obviamente mi estado era muy alterado, estaba llorando, gritando y discutiendo, porque nadie va a entender lo que pasó Clemente y lo que pasa mi hijo desde hace 15 años”, expresó. Para Beatriz, lo que vive su familia no es una simple investigación judicial, sino un verdadero ensañamiento: “Nuestro lugar es otro, pero es un ensañamiento de la Justicia salteña para nosotros con Clemente. Y atrás de él estamos nosotros, su familia”.
Cuestionamientos al procedimiento
El abogado Roberto Reyes fue contundente al analizar el accionar de la Fiscalía. Calificó el procedimiento como “invasivo” e improcedente, y explicó que la defensa había advertido con anticipación que la citación no respetaba las garantías procesales básicas. Entre otras irregularidades, mencionó la notificación con apenas 30 horas de anticipación y que la extracción de ADN corresponde típicamente a personas imputadas, situación que –según Reyes– no aplicaba en el caso de Yapura.
“La señora exigió la presencia de su perito y pidió que se presente el fiscal. Como no ocurrió, se arrojó al piso en señal de protesta. Es totalmente válido”, sostuvo el letrado. Destacó que nunca hubo una negativa absoluta a colaborar con la investigación, sino un pedido razonable para proteger los derechos de su defendida.
Reyes también criticó la falta de explicaciones públicas por parte del Ministerio Público Fiscal una vez que trascendieron imágenes y testimonios del operativo. “Cuando se conoció este bochornoso hecho, donde la señora era arrastrada para tomarle la muestra, la Fiscalía decidió suspender el acto, pero nunca salió a aclarar lo sucedido”, señaló.
Finalmente, el abogado reveló que durante el procedimiento fueron secuestradas herramientas de trabajo de periodistas e incluso un teléfono celular propio. “Nunca obstruimos la investigación. Simplemente tratamos de garantizar la seguridad de la señora Yapura, que estaba conmovida por estos actos de tremenda violencia institucional”, afirmó.
Derechos versus investigación
Uno de los puntos centrales del reclamo es el equilibrio entre el derecho de la Justicia a investigar y las garantías constitucionales de las personas. “Tiene todo el derecho de investigar, pero hay límites”, resumió Reyes. La defensa insistió en que, una vez autorizada la presencia del perito de parte, Beatriz se sometió voluntariamente a las pruebas sin inconvenientes.
Este episodio vuelve a poner en el centro del debate la forma en que se llevan adelante las investigaciones en causas de alto impacto público en Salta. Para los familiares de Vera y sus defensores, se trata de un patrón de persecución que viene desde hace años. Para otros, es parte del esfuerzo por esclarecer un crimen que todavía genera dolor y reclamos de justicia.
Yapura vive, según sus palabras, bajo una constante presión desde que su esposo quedó involucrado en la causa. El estrés, la exposición mediática y las idas y vueltas judiciales han marcado la vida cotidiana de toda la familia. “Nadie va a entender lo que pasa mi hijo desde hace 15 años”, repitió, visiblemente conmovida.
Contex
El caso de las turistas francesas es uno de los más complejos y prolongados de la historia judicial salteña. Con idas y vueltas, pericias, apelaciones y fuertes controversias, mantiene en vilo a la opinión pública y genera posiciones encontradas en la sociedad. En este marco, el episodio protagonizado por Beatriz Yapura suma un nuevo capítulo de tensión entre familia, defensa y poder judicial.
Organismos como el CELS y el Innocence Project acompañaron la conferencia, lo que marca la dimensión que ha tomado el reclamo. No se trata solo de un procedimiento fallido: es la denuncia de posibles violaciones a derechos básicos en el marco de una investigación penal.
La defensa insiste en que su lucha no busca obstruir la verdad, sino garantizar que se llegue a ella respetando las reglas de juego constitucionales. “Todos los organismos jurisdiccionales tienen un límite: las garantías constitucionales”, remarcó Reyes.
Mientras tanto, Beatriz Yapura intenta retomar la calma después de un día que describió como humillante. Su relato deja preguntas abiertas sobre los protocolos que utiliza la Justicia salteña en operativos de este tipo, especialmente cuando involucran a familiares de imputados que no tienen formalmente ese carácter.
La suspensión de la medida y la posterior realización controlada de la extracción de ADN no alcanzaron a calmar los ánimos. La familia y sus abogados esperan que este tipo de situaciones no se repitan y que la Justicia actúe con mayor prudencia y transparencia.
En Salta, donde el caso de las turistas francesas sigue siendo tema de conversación obligada, este nuevo capítulo judicial vuelve a enfrentar dos narrativas: la de una investigación que busca respuestas y la de una familia que se siente acorralada por el sistema.
El tiempo dirá cómo impactará este episodio en el desarrollo de la causa, pero por ahora deja en evidencia las profundas heridas que todavía genera un crimen que ocurrió hace más de una década y media.
to de una causa que no cierra
