En Rosario de la Frontera, una investigación penal reveló el funcionamiento de una estructura delictiva que operaba desde hace meses en la zona sur de la provincia, engañando a vecinos de Antillas con la promesa de gestionar descuentos en boletas de servicios esenciales. La maniobra, que en un principio parecía una simple “ayuda” para familias que buscaban alivio económico, terminó destapando una asociación ilícita que utilizaba datos de tarjetas de crédito y débito de terceros para concretar pagos fraudulentos y quedarse con el dinero de las víctimas.
La Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, a cargo de Oscar López Ibarra, imputó de manera provisional a una mujer de 27 años como jefa de la organización y autora de múltiples estafas, en un accionar que se extendió a por lo menos diez vecinos. Junto a ella, cinco hombres adultos fueron señalados como coautores y miembros de la banda, todos bajo sospecha por estafas reiteradas y asociación ilícita en concurso real.
El caso tomó relevancia luego de que, en un lapso relativamente corto, varias familias de Antillas se presentaran a denunciar un patrón similar de fraude. Los relatos coincidían en detalles, nombres y métodos. Todos apuntaban a la misma mujer, conocida en la zona por mostrar supuestos “contactos” que le permitían gestionar beneficios en facturas de luz, agua y otros servicios básicos. Para muchos vecinos, especialmente aquellos con ingresos ajustados, la propuesta sonaba tentadora: pagar menos por las boletas, evitar intereses y resolver trámites sin moverse de casa.
Según consta en la investigación, la mujer ofrecía asumir la gestión completa. Los interesados solo debían enviarle sus datos y transferirle el dinero correspondiente para que ella “hiciera el trámite” con sus conexiones. Lo que parecía un favor o una oportunidad de ahorro se transformó en un engaño que dejó a varias familias endeudadas y con intimaciones formales de las empresas prestadoras.
El mecanismo del fraude era, a simple vista, sencillo, pero detrás operaba una estructura más compleja de lo que los damnificados imaginaban. Mientras la mujer se encargaba de captar a las víctimas, otros miembros de la organización aportaban datos de tarjetas de crédito y débito que no les pertenecían para realizar los pagos online. Estas transacciones, en un primer momento, figuraban como efectivamente abonadas, lo que daba credibilidad a la gestora. Sin embargo, días después, los titulares legítimos desconocían los consumos, las entidades financieras revertían los movimientos y las empresas de servicios emitían nuevas intimaciones por boletas impagas.
Los denunciantes relataron que solo después de recibir estas comunicaciones descubrieron que la supuesta gestora jamás había hecho los pagos con el dinero que ellos le habían transferido. Intentaron comunicarse con ella para aclarar la situación, pero la mujer dejó de responder. Algunos vecinos aseguraron que incluso fue bloqueándolos uno por uno a medida que los reclamos comenzaron a multiplicarse.
Con este escenario, la Fiscalía inició una investigación que incluyó análisis de movimientos bancarios, rastreo de transacciones, revisión de comunicaciones digitales y entrevistas a testigos de la zona. Fue así como se identificó no solo a la mujer, sino también al resto de los involucrados, quienes habrían actuado de manera coordinada para facilitar el fraude. Según los avances del expediente, los hombres imputados proporcionaban o conseguían datos de tarjetas de crédito de terceros, obtenidos por vías que aún se investigan, pero que habrían sido adquiridos de forma ilegal.
Esta información les permitía simular pagos legítimos y sostener la engañosa maniobra durante varios meses. En la práctica, la banda cobraba el monto completo a los vecinos, realizaba el pago online a través de una tarjeta que no era de ellos, y luego se quedaba con el dinero. Cuando el titular real desconocía ese consumo, la transacción se caía y la empresa prestadora volvía a reclamar el pago original, dejando a la víctima en una situación aún peor que la inicial.
Las autoridades consideran que esta modalidad se inserta en un fenómeno más amplio de estafas digitales en la provincia, que en los últimos años crecieron al mismo ritmo que aumentó la digitalización de los trámites de servicios públicos. En zonas como Antillas, donde la conectividad es limitada, muchos vecinos recurren a terceros para resolver pagos, lo que abre la puerta a maniobras engañosas. La confianza comunitaria, un rasgo característico de los parajes rurales del sur de Salta, también facilitó que la banda ganara credibilidad rápidamente.
La Fiscalía destacó que la imputación es provisional, ya que la investigación continúa y podrían surgir nuevos damnificados. Los investigadores están analizando si las denuncias registradas hasta el momento son solo una parte del total y no descartan que haya más casos tanto en Antillas como en parajes cercanos. En Rosario de la Frontera y en todo el departamento la noticia generó preocupación, especialmente entre vecinos que suelen delegar este tipo de gestiones en terceros debido a la falta de oficinas o dificultades de conectividad.
El avance de la causa también reavivó el debate sobre la necesidad de reforzar la educación digital en comunidades rurales y de implementar canales más seguros para el pago de servicios. Los referentes barriales de Antillas remarcan que muchas veces la gente opta por estas gestoras informales porque viajar hasta Rosario de la Frontera implica costos, tiempo y, en algunos casos, perder un día de trabajo. Por eso, cualquier oferta que prometa descuentos o facilidades se vuelve atractiva y difícil de rechazar.
Especialistas en delitos económicos consultados por este medio explican que, si bien este tipo de estafas se repite en distintos puntos del país, en Salta suele agravarse por la desigualdad territorial en el acceso a trámites presenciales y digitales. También señalan que las bandas que funcionan bajo la lógica de asociación ilícita tienden a expandirse rápidamente mientras no son detectadas, diversificando maniobras y sumando personas a la operatoria. En este caso, la coordinación entre la mujer que captaba a las víctimas y los hombres que aportaban tarjetas ajenas evidencia una estructura organizada más allá de una estafa aislada.
En paralelo, la fiscalía evalúa otras medidas para profundizar la investigación, como solicitar pericias informáticas sobre dispositivos secuestrados, analizar datos de movimientos bancarios de los imputados y revisar comunicaciones que podrían acreditar la existencia de una red más amplia. No se descarta que los datos de tarjetas utilizados provengan de bases filtradas o incluso de estafas previas cometidas por la misma banda o por terceros vinculados.
Mientras avanza la causa, los denunciantes esperan recuperar al menos parte del dinero perdido. Algunos de ellos contaron que la situación les generó un fuerte impacto económico, ya que destinaron sus ahorros al pago de servicios que, al final, nunca fueron cancelados. Otros enfrentan intereses acumulados por las boletas impagas. En Antillas, la indignación es generalizada y muchos vecinos expresaron que se sienten doblemente engañados: primero por haber confiado y luego por descubrir que la supuesta gestora había actuado con total desprecio hacia las familias que acudieron a ella.
