En el marco del juicio por una presunta red narcocriminal que operaba desde el interior de la Unidad Carcelaria 1, ubicada en Villa Las Rosas, Salta fue escenario de un hecho sin precedentes: el actual subalcalde del penal terminó detenido luego de brindar un testimonio lleno de evasivas y contradicciones. El funcionario, que en el período investigado se desempeñaba como jefe del pabellón A1, fue arrestado por orden del Tribunal tras no poder justificar su accionar ante preguntas clave vinculadas al beneficio de extramuros para determinados internos.
Este hecho se dio durante la sexta jornada del proceso judicial, en la que se escucharon declaraciones de ocho agentes del Servicio Penitenciario Provincial y de un perito del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Todos ellos brindaron detalles sobre las falencias en los controles dentro de la cárcel, y apuntaron contra prácticas que, lejos de ser excepcionales, parecerían formar parte de un esquema instalado hace tiempo.
El subalcalde, cuya identidad se mantiene en reserva por razones judiciales, fue consultado por la Unidad Fiscal sobre un pedido realizado por el imputado Sergio Moya, quien habría gestionado privilegios indebidos para un interno. Lejos de ofrecer respuestas claras, el funcionario cayó en contradicciones y evasivas que generaron alarma en el Tribunal de Juicio, compuesto por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar.
Pese a haber sido advertido en reiteradas ocasiones de que declaraba bajo juramento y en carácter de funcionario público, el subalcalde no logró despejar las sospechas. Finalmente, el Tribunal ordenó su detención para garantizar su comparecencia en futuras audiencias. Se espera que vuelva a declarar este martes 12 de agosto, cuando se presenten otros diez testigos citados por la Fiscalía.
Las declaraciones recolectadas hasta el momento en este juicio revelan una realidad inquietante en torno al funcionamiento del penal salteño. Los testigos coincidieron en señalar que, durante años, se habrían otorgado beneficios extramuros de manera irregular, muchas veces por fuera de los canales administrativos formales y con favoritismos que no respondían a criterios objetivos.
Uno de los puntos más delicados se relaciona con la insistencia de altos mandos del Servicio Penitenciario en lograr el egreso temporario de ciertos internos. Tres de los testigos, todos ellos oficiales de distintas áreas, reconocieron que recibieron presiones de superiores para que gestionaran el beneficio extramuros para detenidos específicos. Uno de ellos afirmó que le resultó "fuera de lo normal" que un subjefe de Seguridad Externa insistiera en el pedido sin la correspondiente nota del interno ni el aval del jefe de pabellón, como exige el reglamento.
Otro agente relató que recibió un pedido informal para darle trabajo a un interno dentro del área de mantenimiento de la Guardia Externa. Según contó, el funcionario que realizó la solicitud primero le dijo que el recluso era su familiar, y luego cambió la versión diciendo que era un vecino. Si bien reconoció que ese tipo de gestiones no seguían el conducto regular, explicó que era una práctica habitual entre ciertos jerarcas del penal.
En otra declaración reveladora, una exjefa del área de Atención al Ciudadano explicó cómo se filtraban elementos al penal sin control suficiente. Un caso puntual fue registrado por las cámaras de seguridad, que captaron el ingreso de tres cajas de pizza por parte de un efectivo. La funcionaria justificó el hecho diciendo que es común que los alimentos lleguen tanto por su sector como por la Guardia Externa, aunque admitió que los controles eran limitados y que los scanners muchas veces estaban fuera de servicio.
Las irregularidades no se limitan a los beneficios extramuros. En su testimonio, una agente administrativa de la Dirección de Régimen Correccional sostuvo que un funcionario del sector Sanidad le pidió —de manera insistente— que aprobara el egreso temporal de un interno que no cumplía con los requisitos de conducta ni concepto. La excusa: era "primo de un amigo del barrio".
Este tipo de situaciones, según trascendió, eran moneda corriente dentro de la cárcel de Villa Las Rosas. La cadena de mando se veía constantemente vulnerada por pedidos informales y favores personales, desdibujando el marco legal y abriendo la puerta a posibles actos de corrupción. Los testimonios también dejaron al descubierto un sistema de compras poco claro para los talleres de los internos, y un manejo discrecional de los materiales que llegaban a las diferentes áreas.
En términos de seguridad, el panorama no es alentador. El perito informático del CIF que declaró en la última audiencia señaló serias deficiencias en el sistema de control de acceso, con equipos que no funcionaban correctamente y registros manuales poco fiables. Estas fallas habrían sido aprovechadas por miembros de la red criminal para facilitar el ingreso de drogas y otros elementos prohibidos al interior del penal.
Un juicio clave para el futuro del sistema penitenciario
El juicio que se desarrolla en Salta no solo busca determinar responsabilidades individuales, sino también poner sobre la mesa las profundas fallas estructurales del Servicio Penitenciario provincial. La detención del subalcalde en plena audiencia es un hecho inédito que marca la gravedad de las acusaciones y la necesidad urgente de revisar los mecanismos de control en las unidades carcelarias.
La Unidad Fiscal que lleva adelante la investigación prevé seguir incorporando testimonios y pruebas durante esta semana. Con veinte imputados, entre ellos personal penitenciario y presuntos miembros de una red de narcotráfico, el proceso judicial promete ser extenso, pero podría convertirse en un punto de inflexión para transparentar el sistema y garantizar que las cárceles de Salta no se conviertan en zonas liberadas para el delito.
Mientras tanto, el subalcalde arrestado deberá volver a comparecer ante el Tribunal y aclarar su rol en una cadena de favores que, según todo indica, tenía más de personalismo que de justicia.
