La vida de Leonel Francia, un niño de apenas 11 años, se apagó el 31 de agosto de 2023 en circunstancias que aún estremecen a la comunidad.
Lo que inicialmente se presentó como un accidente doméstico derivó en una investigación por homicidio que pone en el centro de la escena a su madre, Lidia Cardozo, y expone las grietas de un sistema que no logró proteger al menor. La tragedia, que combina dolor familiar, sospechas de violencia y fallas estatales, reavivó el debate sobre la protección de los niños en situación de vulnerabilidad en la provincia.
El caso comenzó a tomar forma cuando los primeros informes policiales y médicos levantaron dudas sobre la versión de Cardozo, quien aseguró que su hijo había sufrido una caída accidental en su hogar. Sin embargo, las pericias forenses y los testimonios de vecinos y allegados dibujaron un escenario mucho más oscuro. Según fuentes judiciales, el cuerpo de Leonel presentaba signos de maltrato crónico, lo que llevó a la imputación de la madre por homicidio. La investigación, aún en curso, intenta desentrañar qué pasó realmente en esa casa del barrio salteño donde el pequeño vivía.
El padre de Leonel, cuya identidad se preserva para proteger su intimidad, no oculta su dolor ni su indignación. En diálogo con este medio, el hombre relató el calvario que vive desde la pérdida de su hijo. “Nunca voy a entender por qué no me lo entregó si no lo quería. Yo lo hubiera cuidado, lo hubiera amado. Mi hijo estaría vivo”, expresó con la voz quebrada. Su encuentro con Cardozo en la alcaidía, días después del entierro, no hizo más que alimentar sus sospechas. “No preguntó nada, ni cómo fue el velorio ni dónde está enterrado. Solo repetía que se había caído, como si fuera un disco rayado”, contó.
El hombre no duda en señalar a Cardozo como la principal responsable, pero también apunta al Estado. Meses antes de la tragedia, denuncias por presunto maltrato habían llegado a la Justicia, que ordenó la intervención de una asistente social para evaluar la situación de Leonel. Sin embargo, las visitas se limitaron a conversaciones superficiales con la madre, sin un control exhaustivo del bienestar del niño. “Si hubieran hecho bien su trabajo, mi hijo seguiría acá. Fallaron todos: la Justicia, los servicios sociales, todos”, afirmó el padre.
La historia de Leonel no es un caso aislado en Salta, una provincia donde la pobreza, la vulnerabilidad social y la falta de recursos para la protección de menores son problemas estructurales. Según datos del Observatorio de Violencia contra las Infancias en Argentina, en 2023 se registraron más de 1.200 denuncias por maltrato infantil en la región del NOA, pero muchos casos quedan en la sombra por falta de seguimiento o recursos. En Salta, las oficinas de protección de menores suelen estar desbordadas, con trabajadoras sociales que manejan decenas de casos a la vez, lo que dificulta un acompañamiento efectivo.
El entorno de Leonel también aporta pistas sobre el contexto de desamparo en el que vivía. Vecinos del barrio, que pidieron no ser identificados, describieron a Cardozo como una persona de carácter impredecible. “A veces parecía una madre atenta, pero otras se la escuchaba gritarle al chico. Nadie se metía porque era cosa de familia, pero ahora todos nos arrepentimos de no haber hecho algo”, confesó una vecina. Estas contradicciones en el comportamiento de la madre refuerzan la hipótesis del padre: “Ella sabía cómo mostrarse delante de los demás, pero en casa era otra cosa”.
El impacto de la muerte de Leonel trasciende el ámbito familiar y golpea a una sociedad salteña que, en los últimos años, ha sido testigo de varios casos de violencia intrafamiliar que terminaron en tragedia. En 2022, un informe del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia señaló que el 60% de los casos de maltrato infantil denunciados no reciben un seguimiento adecuado por falta de personal capacitado o recursos económicos. Este contexto pone en evidencia la necesidad de políticas públicas más efectivas para proteger a los menores en situación de riesgo.
Mientras la Justicia avanza en la investigación, la familia de Leonel lucha por mantener viva su memoria y exige que se haga justicia. “No quiero que esto quede en la nada. Mi hijo no era un número, era un nene lleno de vida, con sueños, con ganas de jugar. Alguien tiene que pagar por lo que le hicieron”, insistió el padre. En paralelo, organizaciones sociales de Salta comenzaron a movilizarse para visibilizar el caso y reclamar mayor intervención del Estado en la prevención de la violencia infantil.
La tragedia de Leonel Francia es un recordatorio doloroso de las deudas pendientes en materia de protección de la infancia en Salta. La combinación de violencia doméstica, desidia estatal y un sistema judicial desbordado dejó a un niño sin la protección que merecía. Mientras el caso sigue su curso en los tribunales, la sociedad salteña se enfrenta a una pregunta incómoda: ¿cuántos casos como el de Leonel podrían evitarse si el sistema funcionara como debería?
En el barrio donde vivía Leonel, la ausencia del pequeño se siente en cada esquina. Sus amigos, sus maestras, sus vecinos lo recuerdan como un nene alegre, que soñaba con jugar al fútbol y que siempre tenía una sonrisa para compartir. Hoy, su memoria es un llamado de atención para una provincia que no puede permitirse seguir mirando para otro lado. La justicia por Leonel no solo implica castigar a los responsables, sino también construir un futuro donde ningún niño vuelva a quedar desprotegido.
