El mundo de la educación está sacudido por un caso que pone en jaque la transparencia en los concursos docentes.
Todo empezó cuando, durante los controles habituales de legajos, saltaron a la vista certificados de postítulos que no cuadraban. Estos documentos, supuestamente emitidos por un puñado de instituciones, aparecían repetidos con variaciones mínimas, pero siempre con el mismo formato dudoso. El objetivo parecía claro: sumar puntos extras para escalar posiciones en las listas de méritos y dejar atrás a colegas con trayectorias legítimas.
La Junta Calificadora de Méritos y Disciplina, que es la que se encarga de chequear títulos y antecedentes, fue la primera en prender las alarmas. Al revisar los papeles presentados en el período de tachas, notaron que varios de estos "cartones" no cumplían con los requisitos básicos. No era un error aislado de algún docente despistado; se veía un patrón que sugería algo más grande, como una maniobra bien armada para burlar al Estado y alterar el orden en las designaciones.
Ante esto, las autoridades del Ministerio no se quedaron de brazos cruzados y lanzaron una auditoría interna exhaustiva. Dividieron los legajos por escuelas y analizaron cada detalle. El informe preliminar que salió de ahí fue directo a los abogados del organismo, quienes confirmaron que no se trataba de casos sueltos. "Acá hay algo organizado", coincidieron, y eso llevó a radicar la denuncia en la Justicia penal para que investiguen a fondo.
El secretario de Gestión Educativa de Salta explicó que estos postítulos falsos no afectan los títulos de base, que son los que habilitan para enseñar. Lo que sí hacen es inflar el puntaje en concursos, ascensos o titularizaciones. Muchos docentes podrían tener su título inicial en regla, pero habrían declarado formaciones que nunca cursaron, solo para ganar ventaja. Y ojo, que cada uno firma lo que presenta, así que no hay excusa de "no sabía".
Por prudencia, el Ministerio decidió no revelar cuántos maestros están metidos en esto. "Sería imprudente largar números ahora, que la Justicia se encargue de determinar el alcance", señalaron. Incluso, no descartan que detrás haya una asociación ilícita dedicada a fabricar estos certificados. Las instituciones mencionadas en los papeles podrían ser víctimas de falsificaciones, por lo que no las nombran públicamente para no perjudicarlas sin pruebas.
El impacto ya se siente en el proceso de designaciones para el ciclo lectivo 2026. Los legajos sospechosos fueron bloqueados automáticamente por dos años, lo que significa que esos docentes no pueden participar en concursos ni ascensos en niveles inicial, primario o secundario. Es una medida dura, pero necesaria para mantener la equidad en el sistema educativo salteño.
Sin embargo, este bloqueo no toca los cargos que ya ocupan, como titulares. Eso se evaluará por separado, en procedimientos administrativos y, si hace falta, judiciales. La investigación podría extenderse a años anteriores, revisando si hubo irregularidades en concursos pasados que deriven en sanciones retroactivas.
Este escándalo resalta la importancia de los mecanismos de control en la educación pública argentina, especialmente en provincias como Salta donde la demanda de puestos docentes es alta. Fraudes como este no solo defraudan al Estado, sino que también perjudican a miles de maestros que compiten de manera honesta por un lugar.
Las autoridades insisten en que no se trata de cazar brujas, sino de garantizar que el mérito sea real. "Cada docente es responsable de lo que declara", subrayan, descartando que sean errores inocentes en la mayoría de los casos. La Justicia ahora tiene la pelota y deberá deslindar responsabilidades.
Mientras tanto, el Ministerio sigue adelante con las designaciones para 2026, priorizando la transparencia. Este caso podría sentar precedente en otras provincias, donde similares maniobras podrían estar pasando desapercibidas, y pone el foco en la necesidad de digitalizar y fortalecer los controles para evitar futuros fraudes en el ámbito educativo.
