La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de Salta lidera una pesquisa contra un cabo primero del Servicio Penitenciario Provincial acusado de orquestar un esquema Ponzi que movió más de 2.700 millones de pesos, con promesas de altos rendimientos que engañaron a compañeros y otros efectivos.
La Justicia salteña avanzó este jueves con una serie de operativos en el marco de una investigación por una presunta estafa piramidal que salpica al Servicio Penitenciario Provincial de Salta. Bajo la dirección de la fiscal interina de la UDEC, se realizaron siete allanamientos en domicilios de la ciudad capital y la localidad de Cerrillos, donde se incautaron elementos cruciales para la causa.
El principal apuntado es un cabo primero que trabajaba en la Dirección de Administración del Servicio Penitenciario, quien habría montado un sistema de inversiones ficticias prometiendo ganancias mensuales de entre el 10% y el 15%. Según las denuncias, este esquema operaba como un círculo cerrado dentro de la institución, atrayendo fondos sin monto mínimo y con opciones de retiros parciales.
Durante los procedimientos, que involucraron a más de treinta efectivos de Investigaciones y Criminología junto a personal de la UDEC, se secuestraron celulares, computadoras, papeles relevantes y más de un millón trescientos mil pesos en efectivo. Además, por orden judicial, se inmovilizaron quince cuentas bancarias ligadas al investigado y a una plataforma financiera donde se desviaron unos 120 millones de pesos.
Las víctimas, en su mayoría agentes del mismo Servicio Penitenciario, relataron cómo al principio recibían pagos de intereses y hasta devoluciones de capital, lo que generaba confianza y alentaba más aportes. Pero con el tiempo, las demoras se volvieron habituales, seguidas de excusas y el silencio total del acusado.
Una de las damnificadas, también penitenciaria, contó que invirtió siete millones de pesos y vio rendimientos del 15% en junio y julio, hasta que en agosto todo se cortó con promesas incumplidas de resolver problemas financieros. Otra agente de la Alcaidía General entregó un millón en el mismo mes y nunca vio ni ganancias ni respuestas.
En un caso más grave, una tercera efectiva aportó más de veinticuatro millones, tras lo cual el contacto se evaporó. Los investigadores, al cruzar datos bancarios, detectaron cientos de operaciones en solo tres cuentas virtuales del principal investigado, aunque el total involucraría al menos veintidós cuentas.
El monto total movilizado superaría los dos mil setecientos millones de pesos, con al menos 122 efectivos penitenciarios implicados en transacciones, además de visitas, ex reclusos y personas externas. Se identificó un envío masivo a una firma financiera, aparentemente para dar un barniz de legalidad al circuito.
La pesquisa reveló que no se trataría de un lobo solitario: hay indicios de una red interna con funcionarios que actuaban como captadores de fondos, aprovechando la confianza entre colegas. Por ejemplo, una agente registró transferencias por más de 118 millones, un volumen incompatible con sus ingresos declarados, lo que sugiere que canalizaba dinero de terceros.
Otros penitenciarios muestran un patrón de envíos al acusado seguidos de retornos periódicos, como si fueran intereses, un truco para mantener el engaño y expandir la red dentro del ámbito laboral. Esto agravaría el caso, ya que implica posible abuso de posición y traición a la camaradería institucional.
Para la fiscalía, la estructura tiene tres capas: el organizador en áreas administrativas, un núcleo de captadores entre funcionarios, y una base amplia de aportantes engañados. En un contexto de inflación y búsqueda de rendimientos en Argentina, este tipo de estafas piramidales en Salta explotan la vulnerabilidad económica, dejando a muchos sin ahorros y con deudas pendientes.
